En concreto, la Cámara Alta aprobó dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular al proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, que se tramitó por el procedimiento de urgencia.
A través de un disposición adicional nueva a la Ley del Mercado de Valores, se obligará a que las OPAs voluntarias y obligatorias tengan que incluir un informe de un experto independiente que fije un precio limitado al equitativo en circunstancias excepcionales. En este trimestre Repsol y Red Eléctrica han sufrido la expropiación de sus filiales argentina y boliviana, respectivamente.
La otra enmienda modifica algunos artículos de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley del Mercado de Valores y permite limitar el derecho de voto de sus accionistas, con la excepción de que éste haya alcanzado un 70% o más del capital tras lanzar una OPA.
Esta modificación beneficiaría a empresas cotizadas como Repsol, Iberdrola y Telefónica, que cuentan con blindajes en sus estatutos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó estos blindajes en julio de 2010, a través de la denominada 'enmienda Florentino'.