Núñez Pérez así lo aseguró en una conferencia que pronunció en el Siglo XXI titulada "De la Constitución Española al Tratado de Lisboa: 30 años del Tribunal de Cuentas", dentro del ciclo "La Encrucijada Europea".
Por ello, indicó que el Tribunal analizará las medidas del Gobierno contra la crisis y evaluará su eficacia y las consecuencias que de las mismas puedan derivarse como resultado "del incremento vertiginoso del endeudamiento y del déficit público".
Según explicó, las instituciones de control no pueden permanecer "al margen" de la actual situación de crisis, que ha puesto de manifiesto fallos importantes en la regulación y supervisión del sistema financiero.
En su opinión, también se ha generado una "crisis en los valores sociales", cuya superación requerirá diseñar un nuevo modelo de actuación basado en la "transparencia y en la exigencia de responsabilidades".
Núñez-Pérez reiteró que las instituciones como el Tribunal de Cuentas deben "comprometerse" en configurar ese nuevo marco de funcionamiento.
En cuanto a los retos de futuro del Tribunal, dijo que el control de la legalidad no se limita a verificar su cumplimiento, sino que requiere anticiparse a la norma y evitar que existan "zonas de impunidad".
Al respecto, destacó la importancia del principio de transparencia en la elaboración de los presupuestos y en su ejecución, así como en toda la gestión pública.
Sobre el día a día del Tribunal, recordó que ha aprobado cerca de 900 informes de fiscalización, lo que refleja el control ejercido sobre el sector público y los partidos políticos, y la contribución del organismo en la modificación de leyes importantes.
De la función jurisdiccional resaltó que el Tribunal ha dictado más de 15.000 resoluciones.
No obstante, reconoció la imagen de "lejanía" que se suele tener del trabajo del Tribunal, algo que debe mejorarse para que los ciudadanos puedan tener un conocimiento preciso de cómo se utilizan los recursos públicos.
También abogó por el impulso de mecanismos que potencien la eficacia de la función fiscalizadora, de tal forma que las recomendaciones del Tribunal y las resoluciones de la Comisión Mixta tengan un adecuado seguimiento de su cumplimiento.
Para ello, sugirió implantar un registro en el ámbito parlamentario, que permita conocer y evaluar las actuaciones adoptadas.