El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido este miércoles en que el grupo BFA-Bankia "hará frente a todas las sentencias y resoluciones judiciales que puedan producirse" a favor de los accionistas minoritarios, y ha precisado que hasta el momento ya ha habido 85 fallos por valor de casi 3 millones de euros en la jurisdicción civil en contra de la entidad por las presuntas irregularidades detectadas en su salida a Bolsa.
Así lo ha señalado en una interpelación que el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, ha planteado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en relación con las medidas que se van a adoptar para garantizar una respuesta "rápida, transparente y efectiva" para que los perjudicados por la OPS no pierdan su dinero.
"No le quepa ninguna duda de que BFA-Bankia hará frente a todas las sentencias y resoluciones judiciales que puedan producirse", ha dicho, como ya aseguró la semana pasada. A renglón seguido, ha precisado que los tribunales ya han dictado 120 sentencias relacionadas con la salida a Bolsa de la entidad, de las cuales 35 han sido favorables a Bankia por 800.000 euros mientras que las 85 restantes han dado razón a los accionistas, con un impacto de casi 3 millones.
Ahora, ha continuado el ministro, la entidad financiera debe "estimar las potenciales contingencias" que puedan derivarse de estas reclamaciones judiciales de cara a presentar sus resultados de 2014, si bien no se trata de "provisiones concretas" sino de "una estimación del riesgo".
Por eso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) --propietario del 100% de BFA-- y el grupo BFA-Bankia están negociando el reparto del coste de las posibles compensaciones entre matriz y filial, al ser considerados por el fallo judicial "responsables solidarios" junto con los antiguos gestores de las cajas.
De momento, parece que el holding BFA --propietario del 62,5% de las acciones de la entidad financiera-- asumiría un máximo de unos 372 millones de euros, mientras que los 228 millones restantes serían sufragados por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, según las cifras estimativas.
El ministro ha defendido en cualquier caso que la solución que se adopte será "realista, ajustada a derecho y velará por los intereses de todos los involucrados, tanto contribuyentes como accionistas minoritarios".
Sin embargo, De Guindos ha destacado que más importante que las cuantías concretas que pagará cada parte afectada es "quién asumirá las primeras compensaciones", ya que "siempre supone mayor riesgo y exposición asumir las primeras pérdidas que las siguientes". "Se habla mucho del reparto, pero es mucho más relevante e importante esto", ha insistido.
No obstante, Anchuelo ha exigido que sean Bankia y los "responsables del saqueo" de las cajas quienes "asuman la totalidad de los costes de las devoluciones, dejando a BFA al margen de las compensaciones. Porque, aunque ambas entidades son públicas, la matriz pertenece en su totalidad al FROB, mientras que un tercio del capital de la entidad financiera está en manos privadas.
"Si lo paga una entidad que es cien por cien pública será más costoso para el erario público, y ya ha habido un coste público suficiente con 23.500 millones (de rescate)", ha defendido el diputado magenta, apelando además al "músculo financiero" del que presumió Goirigolzarri y a los 5.500 millones de euros que dijo haber generado, suficientes para cubrir todas las compensaciones.
Ante estas exigencias, De Guindos ha recordado que Bankia es la mejor baza del Gobierno para recuperar los millones del rescate financiero, pero para eso hace falta "venderla al máximo precio posible". "Contraponer por tanto BFA y Bankia, sinceramente, no tiene mucha racionalidad. Si mantenemos la incertidumbre sobre esa potencial contingencia judicial de la salida a Bolsa lo único que haremos será penalizar el precio de Bankia", ha advertido.
Además, ha recordado que una evolución positiva en el precio de las acciones de la entidad financiera beneficiará también a su matriz, que por tanto tiene un interés claro en "cuidar" a Bankia "con mucho cariño", como haría cualquiera que poseyera el 63% de un activo.
En cualquier caso, el ministro ha subrayado que los 800 millones de euros establecidos por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu como fianza son "sólo una fianza, no una condena", y que además su cuantía es "notablemente diferente" a los más de 4.000 millones de euros que solicitaba UPyD, personada en la causa.
De Guindos también ha aprovechado para recordar que la salida a Bolsa de Bankia, al igual que la colocación de participaciones preferentes, se produjo durante la pasada legislatura, con los socialistas en el Gobierno, y ha resaltado que las soluciones puestas en marcha por su equipo han protegido fundamentalmente los intereses de los depositantes de las antiguas cajas para que no perdieran sus ahorros, y han evitado una pérdida de confianza en el sistema que hubiera afectado duramente al PIB.
DEVOLVER EL DINERO A TODOS SIN IR A LOS JUZGADOS
Sin embargo, Álvaro Anchuelo ha recordado que en la crisis de las cajas de ahorros también "tiene mucho que ver" el PP, que colocó a sus dirigentes políticos en las diferentes comunidades autónomas, y ha acusado al Ministerio de "salvar por completo" a los acreedores internacionales en el rescate por delante de los ciudadanos, algo que De Guindos ha negado asegurando que apenas había acreedores internacionales y que el orden de asunción de pérdidas está fijado legalmente.
El portavoz de UPyD también ha advertido de que las cifras de resoluciones desfavorables que ha aportado el ministro "no son representativas de lo que cabe esperar en el futuro", ya que se produjeron antes del informe de los peritos y del reconocimiento que Andreu ha hecho de la responsabilidad de los gestores de la entidad al fijar la fianza.
Por eso, ha avanzado el contenido de la moción que presentará a resultas de esta interpelación y que pasará por exigir al Gobierno que "todos los accionistas estafados" por haber sido "informados mal colectivamente" puedan recuperar su inversión directamente, sin tener que acudir a los tribunales e incurrir en "nuevas esperas y gastos adicionales", ya que la falsedad de la información del folleto de salida a Bolsa de Bankia "ya ha quedado acreditada".
"Es mejor ahorrarles el calvario y despejar también incertidumbres sobre el coste para la entidad", ha insistido, subrayando que las últimas decisiones de Andreu les dan "casi la certeza" de que obtendrán fallos favorables.
Además, reclamará que sea Bankia la que asuma la totalidad del coste de las compensaciones y exigirá al Gobierno que no recurra la fianza y "deje de obstaculizar la petición de que se asuman responsabilidades en los tribunales". Finalmente, propone "reconsiderar" la situación de los preferentistas, que al aceptar el arbitraje renunciaron a la vía judicial y ahora pueden verse perjudicados por su decisión, al no recuperar todo su dinero.
"Usted no sólo trabaja para las entidades financieras, sino también para las víctimas, para los accionistas y los preferentistas. Y no puede ver a estos grupos de cientos de miles de estafados como un coste a minimizar, sino como parte del problema que hay que resolver", ha añadido, destacando que todo este proceso es posible gracias a las acciones iniciadas por UPyD.
En este sentido, De Guindos ha señalado que la evolución de las acciones de Bankia ha permitido a muchos preferentistas recuperar gran parte de su inversión y ha enmarcado las peticiones de UPyD en su "necesidad de hacer autobombo" en un momento preelectoral, rechazando inacción u obstrucción del FROB, que ha promovido la investigación interna de operaciones irregulares.