El presidente del comité de expertos creado por el Gobierno para informar la posible definición del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, Víctor Pérez, ha insistido este martes en que la aplicación de las fórmulas incluidas en su informe no conlleva necesariamente una reducción de las cuantías, sino que antes al contrario "se prevé que sigan creciendo en términos reales a largo plazo".
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, con la que se abre la ronda de intervenciones de los doce 'sabios', que irán desgranando ante los diputados sus principales conclusiones y opiniones sobre el informe.
Pérez, que ha comenzado subrayando que éste "no es un informe sobre la reforma de las pensiones" en su totalidad sino únicamente una "contribución al debate político y social intenso" sobre el factor de sostenibilidad, ha explicado que el "reto principal" para el mantenimiento de las pensiones a largo plazo es la combinación entre la evolución de la esperanza de vida y la tasa de dependencia.
Y es que, además de que los españoles ganan 16 meses de vida cada diez años, se espera que el sistema pase de mantener 9 millones de pensiones actuales a más de 15 millones en el año 2050. "Ésta es la raíz del desequilibrio presupuestario que deberíamos prevenir. Las dificultades coyunturales de este momento ilustran las dificultades de mantener el sistema a largo plazo", ha dicho.
FÓRMULAS PROPUESTAS
Por eso --y pese a que se ha remitido a los otros miembros del comité que se han encargado de las fórmulas técnicas para el factor de sostenibilidad para cualquier pregunta a ese respecto-- ha defendido la recomendación de los 'doce expertos', que pasa por combinar una fórmula de equidad intergeneracional (FEI) con otra de revalorización anual (FRA).
La primera "trata de asegurar un mismo monto de pensión para diferentes esperanzas de vida" en función del momento, algo que puede ser visto como "una justicia-injusticia" que estará en manos de los diputados consagrar o no.
Por su parte, el FRA propone cómo "acompasar el crecimiento de la pensión al crecimiento en el número de pensionistas, los efectos de sustitución y la evolución de los ingresos y gastos", si bien son los poderes públicos los que deben decidir si se incluyen nuevas vías de aportación (cotizaciones más altas, recurso a Presupuestos, etc.) o si se incrementan los gastos para conseguir lo que se defina como "pensión suficiente", sobre la cual tampoco se ha pronunciado.
"Ponderen y decidan. Éste es un mecanismo de alerta y, eventualmente, un mecanismo de corrección, para dar continuidad a los ajustes y no seguir la vía del 'stop and go'. No se trata de hacer comisiones de expertos continuamente, y éste puede ser un mecanismo útil de gobernanza que trata de articular una previsibilidad dentro de la contingencia de las previsiones económicas", ha dicho.
Así, a la vista de "simulaciones ilustrativas", y a falta de las simulaciones que la propia Seguridad Social "deberá hacer como resultado de la aplicación de los factores a sus datos y a las previsiones oficiales", el comité entiende que "la aplicación de estos factores no supone una bajada de las pensiones". "Se prevé, por contra, que sigan creciendo en términos reales a largo plazo", ha señalado Pérez.
Y esto es así porque mientras el crecimiento de los ingresos del sistema sea superior al crecimiento de los pensionistas, como se ha verificado hasta ahora, la aplicación del FRA permitiría un crecimiento de la media real incluso con un "crecimiento modesto" de la economía. Por ello, ha insistido en que el documento no parte de un "planteamiento miserabilista ni alarmista, sino realista y prudente a largo plazo" ya que "el presupuesto básico es que el país crecerá y habrá más empleo, y no los 6 millones de escándalo de ahora".
"Además, aplicar estas fórmulas probablemente traerá consigo una disminución de la ratio entre pensión media y salario medio, pero puede ser significativamente menor si hay otras medidas", ha apostillado, concluyendo que este factor se puede usar ahora desde un punto de vista teórico "como mecanismo de alerta para saber cómo estamos" o como "mecanismo de corrección" para empezar a reducir los desequilibrios.
DEBATES A FUTURO
En cualquier caso, Pérez ha recordado que este informe deja "abierto el camino" para otros debates que será necesario afrontar en el ámbito político, de los agentes sociales y de la propia sociedad, tales como si se fija un suelo de garantía para que las pensiones actuales "bajo ninguna circunstancia puedan disminuir nominalmente", si se impulsan nuevas vías de ingresos para el sistema o se apuesta por favorecer el ahorro privado, o cuándo comenzar a aplicar el nuevo factor de sostenibilidad.
Sobre este último punto, cree que "cuanto antes" debe aplicarse a nivel teórico aunque entiende que sería razonable dar un plazo "prudente" para que "la gente tenga tiempo de ajustarse". Aunque no ha expresado su postura respecto a la recomendación recogida en el documento de que el factor entre en vigor ya en 2014, sí ha reconocido que "la transición a un sistema así es muy complicada" por lo que "hay que pensarlo dos o tres veces".
"El mecanismo de alerta está claro; el de corrección, yo que ustedes lo pensaría muy mucho, porque el país ya tiene suficiente con esta situación para generar alarmas. No hay por qué obsesionarse con la crisis pero tampoco hay que perderla de vista. Y alarma social no debería haber porque esto está pensado para que fría y razonablemente se vayan discutiendo las cosas con claridad y se llegue a acuerdos sensatos y razonables", ha añadido.
INDEPENDIENTES PERO NO NEUTRALES
Además, el presidente del comité ha defendido que los doce expertos que han trabajado en este documento han sido "independientes y profesionales" pero no "expertos axiológica o normativamente neutrales", ya que parten de premisas como estar "a favor de un sistema de pensiones público de reparto que provea pensiones suficientes, dignas y adecuadas a la población a corto, medio y largo plazo".
"Nos parece prudente conservar esta tradición de política pública que ha hecho mucho bien al país y que debe y puede seguir haciéndolo con los ajustes necesarios", ha dicho, expresando también su respaldo al "contrato intergeneracional" que conlleva la aplicación de nuestro modelo de pensiones, y que implica "atender particularmente" tanto a los actuales jubilados como a los jóvenes, que "necesitan contar con un horizonte de pensiones adecuadas" y no sufrir más "sombras" sobre su futuro.
Y, finalmente, el comité también parte de la premisa de que es fundamental la transparencia en todo este debate sobre la sostenibilidad del sistema, para que la sociedad civil pueda, más allá de los agentes sociales y el estamento político, participar de estas decisiones con toda la información necesaria.
"La transparencia es imprescindible para que los ciudadanos prevean con antelación suficiente qué pensión les corresponderá, pero también para participar como ciudadanos con toda la información en los grandes debates que deben producirse. Debemos resolver estos problemas pero, por lo pronto, no debemos agravarlo con una incertidumbre añadida sobre la sostenibilidad de las pensiones", ha zanjado.