El portavoz socialista del ramo, Rafael Simancas, explica en su iniciativa, que recoge Europa Press, que el plan del Ejecutivo reducirá enormemente el número de itinerarios considerados de obligación de servicio público, lo que "afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y vertebración del territorio", y además supondrá el cierre de estaciones principalmente en el medio rural, lo que dejará a muchos ciudadanos sin alternativa para desplazarse.
"Y a pesar de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del plan, se está llevando a cabo sin el imprescindible consenso con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, suscitando un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples iniciativas políticas y ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio", añade el diputado madrileño.
Por eso, exige al Ejecutivo que retire el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario y que inicie un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales con el objeto de "garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial".
DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO
Por su parte, la portavoz del ramo de IU-ICV, Ascensión de las Heras, reclamará la derogación del decreto de 2012 en el que ya se avanzaba en la liberalización del sector, y la redefinición de plan de racionalización de servicios para que "cumpla de forma explícita con las obligaciones de servicio público" tal y como las define el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
A su juicio, esta definición conlleva la "obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de transporte público colectivo, con financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado".
De las Heras exigirá asimismo que se potencien los servicios públicos de ferrocarril mediante una "mejora de los horarios y las paradas en las estaciones", apoyando la generación de nuevas redes de cercanías en las áreas metropolitanas que aún no poseen dicho servicio e impulsando la reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico".
"Esta declaración de obligación de servicio público para los trenes explotados por Renfe y que circulan por las líneas y estaciones administradas por Adif debe ser suficiente para evitar cualquier cierre de líneas, como pretende el Ministerio de Fomento estableciendo un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que son financiados por el Estado", argumenta la diputada, que teme que "el cierre de líneas ferroviarias sea un paso más en el desmantelamiento del transporte público".