El BBVA, NCG Banco y Cajas Rurales Unidas defienden sus cláusulas suelo y abogan por estudiar "caso a caso" los contratos hipotecarios que tienen suscritos en los que se han incluido estas condiciones, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) declarando nulos los 'suelos' si ha habido falta de transparencia o información a los usuarios bancarios.
Así lo hicieron saber responsables de las tres entidades en su comparecencia ante la subcomisión del Congreso sobre Transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, tal y como se recoge en las actas de dicha sesión, a las que ha tenido acceso Europa Press.
Con argumentos muy similares, los tres comparecientes defendieron que la inclusión de cláusulas suelo en las hipotecas responde, de hecho, a una gestión "responsable" del balance bancario frente a las "fluctuaciones" de los mercados, que podrían haber provocado graves perjuicios de no haberse "garantizado la recuperación" los costes en los que incurren las entidades al financiar operaciones. Además, señalaron que se ha pedido una sentencia aclaratoria al TS sobre cómo aplicar el fallo.
NO SON ABUSIVAS
"Incluir cláusulas suelo es un elemento de prudencia en la gestión, son un elemento que, en su conjunto, favorecen al cliente y al sistema", señaló el responsable de los servicios jurídicos de BBVA, Eduardo Arbizu, para quien "sería paradójico que ahora se sancionase y se perjudicase a quienes han sido más prudentes" cuando, además, las cláusulas suelo estaban "exhaustivamente reguladas" y lo estarán aún más con la nueva directiva comunitaria, que "de manera expresa" reconoce la legalidad de estas condiciones.
Además, defendió que el tipo fijado de media para estas cláusulas (en torno al 3%) no puede considerarse abusivo ya que es inferior a otros indicadores como el precio del dinero o la rentabilidad de la deuda pública, y también al valor medio en otros países europeos o en Estados Unidos.
Tras recordar que al firmar una hipoteca la existencia de cláusulas techo y/o suelo está claramente referenciada y que también el notario debe cerciorarse de que el ciudadano sabe que su hipoteca no es a tipo fijo, Arbizu se pregunta "qué es suficiente información", sobre todo si "se juzga retrospectivamente". "No podemos constantemente ir variando lo que se considera suficiente en razón de cómo ocurran las cosas", añadió.
"Por esto los abogados del BBVA recomendaron que no se interpretara la sentencia en el sentido de considerar automáticamente nulas todas las cláusulas suelo, cualquiera que fuera la forma en la que se hubieran suscrito y cualquiera que fuera el momento, sino que pidiéramos que se aplicara caso a caso, según las circunstancias y permitiendo que las entidades demostrásemos si se informó razonablemente al consumidor. Si no se entendiera así, el efecto sería muy significativo para el sector y para el futuro de las hipotecas", añadió.
Arbizu concluyó defendiendo que en la mayor parte de los casos hubo "comprensión y conocimiento" de lo que se firmaba y alertó de que "sería bien triste que la consecuencia final de una pretendida defensa de la transparencia" fuera un acceso más restringido a un crédito más caro. Por eso, la regulación de transparencia bancaria, a su entender, debería pasar por dar al cliente "toda la información sencilla, clara y eficazmente" para que pueda comprender sus características y riesgos pero "huyendo de exigencias normativas tan exhaustivas o extensas" que produzcan el efecto contrario.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Por su parte, el director de la Asesoría Jurídica de NCG Banco, José Eduardo Álvarez-Naveiro, coincidió en que las cláusulas suelo son, precisamente, las que permiten tener crédito "por plazos superiores y con un coste inferior" a pesar de las dificultades para calcular riesgos o evolución de tipos en plazos tan extensos. Por ello, defendió su existencia como factor de estabilidad del mercado hipotecario y de las cuentas de los bancos.
A su juicio, la sentencia del TS "no cuestiona" la existencia de estas cláusulas, pero tampoco atribuye "ninguna relevancia al cumplimiento de las garantías" de transparencia e información, lo que "introduce un indeseable grado de inseguridad jurídica" ya que supone que cumplir la normativa vigente en la materia "no es suficiente para garantizar el canon de transparencia ahora exigido".
"Dicho de otro modo: el cumplimiento por las entidades financieras de la normativa sectorial específica era insuficiente para satisfacer los requisitos de transparencia ahora exigidos por la sentencia", apuntó, señalando que el fallo judicial obliga a todas las entidades (y no sólo a las tres afectadas) a "revisar si las diferentes cláusulas suelo se ajustan en cada caso al nuevo canon de transparencia".
En el caso de NCG, aseguró que se "intentará buscar la mejor solución" para los afectados, si bien no abundó en qué salida se les dará ya que se está a la espera de la aclaración del TS. "Queremos tener claro cómo enfocar esa ejecución porque es muy importante para nuestros clientes y también para el banco, porque tiene unos efectos patrimoniales sumamente relevantes, y nuestra obligación es preservar el valor del banco, precisamente por estar participados por el FROB y por tanto disfrutar de fondos públicos. Eso nos obliga, si cabe, a ser más diligentes al valorar la ejecución de una sentencia que, según cómo se interprete, puede tener efectos muy significativos", insistió.
En cualquier caso, ya alertó de que a priori el fallo "traslada a una de las partes" todo el peso del riesgo si supone "suprimir los suelos sin tocar ninguno de los otros elementos del precio" por lo que a su juicio "lo suyo sería disponer de fórmulas que, cliente a cliente, permitiesen resituar la relación contractual" teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes.
De cara al futuro, abogó por que las entidades identifiquen una decena de "productos básicos" y acuerden sus condiciones generales y cláusulas básicas, al margen de que cada banco pueda luego establecer precios y condiciones financieras. En la misma línea, pidió test de idoneidad únicos configurados por la CNMV para todos, pero no prohibir la comercialización de determinados productos entre colectivos concretos.
Con respecto a la separación entre asesoramiento y venta, Álvarez-Naveiro propone que se lleve a cabo en sucursales diferentes con empleados "especialmente cualificados", mientras que Arbizu cree que el consumidor debería pagar por las consultas.
ES DESCONCERTANTE
Finalmente, el director general corporativo de Cajas Rurales Unidas, Bernabé Sánchez, coincidió en que las cláusulas suelo "obedecen a una gestión responsable" cuya finalidad no es "maximizar el beneficio" sino cubrir costes. "No parece razonable que, en la actual coyuntura, se reproche a una entidad que utilice cláusulas contempladas en la normativa, cuando asistimos a una reestructuración del sector financiero que, en gran medida, ha venido provocada por una gestión poco prudente de los riesgos crediticios", añadió.
Además, ve "desconcertante" la inseguridad jurídica que sufren los bancos cuando se cuestionan decisiones tomadas al amparo de la legalidad y con transparencia, y critica el fuerte impacto que tendrá el fallo judicial en Cajamar, que a priori deberá aplicarla de forma generalizada sin poder estudiar cada expediente, lo que reducirá su nivel de competencia con otras entidades que "lo podrán aplicar de manera más pausada".
Finalmente, advirtió de que anular los 'suelos' encarecerá el crédito y limitará el acceso al mismo. Asimismo, avisó de que el exceso de información al consumidor puede acabar provocando desinformación, por lo que aboga por "simplificar y unificar al máximo" la normativa.