El Bloque Nacionalista Galego (BNG) pide al Gobierno que haga las modificaciones normativas precisas para que las tarifas eléctricas que pagan los españoles incluyan descuentos en función de la capacidad económica de las familias o de su eficiencia energética, entras otras posibilidades.
Así consta en una de las enmiendas presentadas al proyecto de ley para la Garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares --es decir, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla--, a la que la oposición ha registrado casi 90 propuestas de modificación, que se suman a las 17 presentadas por el Grupo Popular, y que recoge Europa Press.
El BNG se limita a instar al Gobierno a que, en el plazo de tres meses desde la aprobación de este proyecto, realice las modificaciones legislativas precisas para que todas las tarifas eléctricas --y particularmente la tarifa de último recurso (TUR)-- tengan descuentos proporcionales a la capacidad económica de la familia, la distancia del centro productor, el momento del día en que se usa la energía o la eficiencia energética de su vivienda.
NO AL FRACKING
Por su parte, el resto de enmendantes piden derogar las disposiciones que abren la puerta al 'fracking hidráulico'. Ante la previsión de que se rechace esta exigencia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado otras dos enmiendas para incluir a las comunidades autónomas y ayuntamientos en cualquiera autorización de esta tecnología, y también para obligar a las empresas que la utilicen a contratar pólizas de seguros que cubran cualquier perjuicio económico, medioambiental o sanitario.
De un tenor parecido son las propuestas de CiU que, si bien renunció a presentar enmienda de totalidad contra el proyecto de ley, plantea la supresión de prácticamente todos sus artículos a través de cinco enmiendas parciales. Con respecto al 'fracking', propone al Gobierno que encargue a un grupo de expertos un informe sobre sus características y posibles consecuencias para empezar a debatir sobre este asunto, aunque también emplaza a esperar a que la Comisión Europea (CE) apruebe un marco legal común para los 27 antes de legislar.
El PNV, por su parte, se centra más en otras regulaciones eléctricas que en el proyecto de ley en cuestión, y pide "liberar cuanto antes" a la factura del peso que supone el coste financiero del déficit de tarifa, cargándolo a los Presupuestos del Estado, lo mismo que los extracostes de los sistemas insulares y extrapeninsulares. Además, propone que el nuevo gravamen sobre la producción de energía se cobre también por la importación y no a los exportadores.
PONER FIN A GAROÑA
En cuanto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aprovecha sus quince enmiendas para reclamar, por una parte, la supresión de la moratoria para las nuevas instalaciones de renovables o los cambios en la fijación de precios; y, por otra, que se prohíba el fracking en España. También exige al Gobierno una regulación para el autoconsumo de balance neto en un máximo de tres meses.
Por otra parte, alerta de las invasiones competenciales en que incurre el proyecto en materias como las autorizaciones de instalación, que piden queden en manos de las comunidades autónomas. Para impulsar las energías renovables, proponen limitar las primas en los sistemas insulares y extrapeninsulares únicamente a las instalaciones que usan estas fuentes de energía, y sugieren al Gobierno pactar con Canarias un plan que permita que en 2025 toda la producción eléctrica del archipiélago parta de fuentes limpias.
Finalmente, aprovecha para exigir el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña el próximo 6 de julio, como prevé la orden ministerial en vigor, y que no se autoricen nuevas renovaciones de la licencia. Asimismo, modifica los cambios en la titularidad de las estaciones de bombeo que ha propuesto Industria para que estén condicionados a que Red Eléctrica Española (REE) tengan al menos una participación pública del 20%.
Con una línea parecida, Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) ha sido la formación más prolija en enmiendas, ya que el proyecto afecta fundamentalmente a dichas islas. Por ello, los nacionalistas canarios piden que se respeten las competencias autonómicas, suspender la moratoria de las renovables y regular el autoconsumo energético de balance neto.
Asimismo, sugieren que los extracostes de los sistemas insulares y extrapeninsulares vayan con cargo a los Presupuestos en lugar de pretender que se autofinancien, introducen el silencio administrativo positivo en la concesión del régimen retributivo adicional, abren la puerta al establecimiento de cupos según tecnologías y piden la eliminación del 'fracking'.
NUEVO PROYECTO
Los socialistas, que en el debate de totalidad optaron por presentar un texto alternativo, reproducen con sus 24 enmiendas parciales las principales características de dicha propuesta. En común con el resto de la oposición tienen, por ejemplo, la petición de que se cuente con las comunidades a la hora de planificar las necesidades energéticas o de decidir arranques de instalaciones, cargar los extracostes de generación a los Presupuestos, suprimir la moratoria de las renovables en las islas y las ciudades autónomas, mandatar al Gobierno para que regule el autoconsumo o suprimir el 'fracking'.
Además, sugieren hacer cupos por tecnologías si el Gobierno canario está de acuerdo, el silencio administrativo positivo para la concesión de resoluciones de compatibilidad que den acceso al régimen retributivo adicional, y asociar este concepto al precio de los combustibles, instando a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a que en un año informe sobre las posibles actuaciones para reducir estos costes y para incentivar una mayor eficiencia en su uso en las instalaciones de producción.
En la misma línea, se propone que el Ministerio fije objetivos quinquenales de eficiencia y calidad en el suministro, y que su cumplimiento se tenga en cuenta en las retribuciones, y que éstas puedan minorarse si hay una reducción sustancial de la disponibilidad, de la seguridad o de la calidad del suministro. Por otra parte, piden que se acelere el desarrollo e implantación de los contadores inteligentes en toda España.
En un tono más concreto, el PSOE propone una convocatoria de preasignaciones de retribuciones para instalaciones eólicas y fotovoltaicas en Baleares, incluir la conexión gasista Mallorca-Menorca en la planificación de infraestructuras 2014-2020, meter en el Mercado Ibérico de Electricidad a los sistemas balear y ceutí; autorizar a Canarias a llevar a cabo proyectos experimentales de régimen especial con energías geotérmica, mareomotriz y undimotriz; y encargar a la CNE un informe sobre la viabilidad técnica, económica y medioambiental de incorporar el gas en instalaciones canarias que funcionan con gasóil o fuelóil.
EXCEPCIONES A LA NORMA
Finalmente, el PP ha incluido algunas excepciones a la norma general establecida en el proyecto de ley, como que las instalaciones que utilizan renovables, cogeneración o residuos como fuente de energía en los sistemas insulares y extrapeninsulares puedan acceder al régimen retributivo adicional a través de un procedimiento de concurrencia.
Además, las estaciones de bombeo deberán fijar un calendario para su puesta en marcha a riesgo de que REE se quede su titularidad si lo incumplen; y se limita al 40% la cuota de mercado máxima de los operadores, a no ser que no existan otras empresas interesadas en nuevas instalaciones.
Asimismo, se incluyen modificaciones para preservar las competencias autonómicas y se prevé la posibilidad de minorar las retribuciones si hay merma en la disponibilidad, seguridad o calidad del suministro.