El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han modificado la normativa atendiendo a las exigencias del Ejecutivo comunitario, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Conforme a la legislación española, la plusvalía de la venta de una residencia permanente está exenta de impuestos si el importe se utiliza para adquirir otra vivienda permanente.
Sin embargo, esta disposición se aplica únicamente a los residentes españoles, discriminando así a los no residentes.
"Las disposiciones son incompatibles con las libertades fundamentales establecidas en los Tratados", ha denunciado el Ejecutivo comunitario.