El Ejecutivo comunitario ya envió un dictamen motivado a España en junio de 2013 en el que le exigía modificar la legislación. Ante la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy, Bruselas ha decidido ahora llevar el caso ante la justicia europea.
En virtud de la legislación española, el tratamiento fiscal de los dividendos de origen extranjero (es decir, los dividendos distribuidos por una sociedad no residente a una sociedad española) es menos favorable que el que se aplica a los dividendos de origen nacional (es decir, los dividendos distribuidos por sociedades residentes en España).
Como consecuencia de ello, según denuncia la Comisión, para poder acogerse al beneficio fiscal, una sociedad española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones (por ejemplo, volumen de ingresos y nivel de participación de los accionistas) que si lo hace en una sociedad nacional. En otros casos, el beneficio fiscal previsto en relación con los dividendos de origen nacional no se aplica a los dividendos de origen extranjero.