En concreto, Bruselas examina los términos de unas garantías financieras ofrecidas por Iberpotash a los organismos públicos autonómicos para cumplir con sus obligaciones de protección medioambiental, para cubrir el coste de rehabilitación potencial por los residuos que generan sus minas de potasa en Cataluña.
El Ejecutivo comunitario tiene dudas sobre si la garantía de 2 millones de euros que se fijó resulta "muy inferior" al que exige la normativa comunitaria en materia medioambiental, lo que implicaría una ventaja financiera ilegal, según ha explicado la institución en un comunicado.
Por otro lado, la investigación pretende también determinar si se quebrantó el principio de "quien contamina, paga" en la financiación por parte de las autoridades y no de la empresa de los 7,9 millones de euros que costó el recubrimiento físico de una escombrera de Iberpotash y otros trabajos para reducir la contaminación.
De confirmarse esta sospecha, ha indicado Bruselas, supondría una infracción ya que "sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación".
La Comisión, sin embargo, no investigará otros elementos de la denuncia, al considerar que fueron medidas que se ajustan a las normas de la UE, tales como una tasa por el uso del colector de salmueras que pagana Iberpotash y otros usuarios o la mejora de las instalaciones de tratamiento de agua potable financiada con ayuda pública.
La apertura de una investigación pormenorizada brinda a terceras partes interesadas en el caso la oportunidad de presentar observaciones sobre las dos medidas evaluadas, sin perjuicio del resultado de la investigación, concluye Bruselas en su comunicado.