"Tal como se ha visto en otros países, los contribuyentes deberán soportar una nueva carga para ayudar a la banca sin que a cambio el sistema financiero frene la caída del crédito que tanto está perjudicando a la actividad económica", señaló UGT en un comunicado.
De su lado, CC.OO solicitó que no se engañe a los ciudadanos, al asegurar que "en ningún caso se puede pensar que la operación no tendrá coste para los contribuyentes". "De ser así no sería un 'banco malo'", añadió el sindicato.
Por ello, la formación que lidera Ignacio Fernández Toxo reclamó que el precio al que esta sociedad compre los activos tóxicos de los bancos "permita la inmediata vuelta a la normalidad de las entidades, pero también limitar al máximo las aportaciones de los contribuyentes".
Asimismo, reclama que este 'banco malo' "penalice a los gestores y propietarios de las entidades financieras afectadas, para evitar así la inmoralidad de que se puede hacer cualquier cosa con la gestión de un banco y que, al final, contribuyentes, trabajadores y pequeños inversores acaben asumiendo los errores de la misma".
En la misma línea, UGT augura que la cesión de activos tóxicos por parte de los bancos "tendrá consecuencias negativas para la sociedad española, tanto si se opta por valorar los activos a valor de mercado (que implicaría que las entidades soporten el ajuste y necesiten una recapitalización), como si se valoran por encima de este valor (lo que supondrá una subvención a la banca y que el Estado tuviera más dificultades para recuperar las ayudas prestadas)".
Por todo ello, solicitaron al Gobierno, al Banco de España y al FROB la "máxima transparencia" a la hora de aplicar la nueva reforma financiera, aprobada en el Consejo de Ministros. También reivindican medidas para los perjudicados por las participaciones preferentes o por hipotecas, y garantías para los clientes y trabajadores de las entidades financieras que resulten inviables.