Según la misma propuesta, la Administración deberá alquilar la citada vivienda al antiguo propietario para que cuando la crisis económica termine, éste pueda recuperarla.
Esta es una de las nueve medidas elaboradas conjuntamente entre los sindicatos y los consumidores, que ya han sido remitidas al Gobierno, y que están destinadas a "aliviar" las dificultades que tienen los ciudadanos en peligro de exclusión social para hacer frente al pago de su vivienda habitual.
El citado documento, que ha sido presentado hoy ante los medios, sugiere que en caso de que los ciudadanos se encuentren en una situación de embargo, ya sea hipotecaria o crediticia, se utilice el arbitraje y la mediación para negociar la deuda con la entidad financiera y no llegar así a la vía judicial.
Además, plantean que se modifique la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de un inmueble sin medidas intermedias de arbitraje, y así, que se pueda paralizar la ejecución hipotecaria en los términos actuales.
Con otra de las medidas se crea un servicio de asesoramiento y apoyo para aquellos ciudadanos "más vulnerables" y que se encuentren en situaciones de endeudamiento por embargo.
Por otro lado, las organizaciones sindicales y los consumidores plantean la actualización de los tipos de interés a las hipotecas de una forma más rápida, y que se establezca algún tipo de garantía ante la eventual desviación del Euribor a otros índices de referencia del tipo que marca el Banco Central Europeo (BCE).
Sobre este asunto, añadieron que este tipo de actuaciones podría hacerse a través de una línea creada específicamente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante avales, garantías o créditos para la rehabilitación de la hipoteca.
Según explicó Javier Jiménez de CCOO "es importante la inversión pública, que aunque no es infinita, todavía tiene margen de acción".
Por último, demandaron un nuevo reglamento que impulse la educación financiera y un nuevo modelo de consumo responsable.
Durante la presentación del citado documento, la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, aseguró que estas medidas son "claves" para ayudar a las familias a superar la crisis, una situación de la que se puede salir si "trabajamos de forma conjunta".
Por su parte, uno de los responsables que ha elaborado el documento, Manuel Pardos, explicó que las propuestas presentadas tienen como "principal protagonista a la banca", ya que según añadió, se prevé que durante este año se registren 80.000 embargos en los juzgados.
"Los bancos tienen que abrirse al diálogo", advirtió Pardos, quien también aseguró que estas propuestas "brindan a las entidades financieras la oportunidad de mejorar su situación".
Desde UGT, José Luis Hidalgo destacó la colaboración entre las organizaciones sindicales y los consumidores, porque, según indicó, "es el momento de buscar soluciones y apoyar medidas para paliar la crisis".