Así, los nacionalistas catalanes recuerdan en su enmienda, que recoge Europa Press, que el proyecto de ley de Cooperativismo tiene como objetivo "fomentar la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza asociativa" para "favorecer la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria" y conseguir así su "redimensionamiento y mejora de su competitividad".
Fines con los que CiU está de acuerdo, si bien discrepa del marco regulatorio concreto que ha elegido el Gobierno, fundamentalmente por considerar que invade competencias autonómicas de la Generalitat de Catalunya en materias como la regulación de los procesos de producción, de las explotaciones de las estructuras agrarias o de su régimen jurídico, entre otras.
"La concreción del fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, por su especificidad, va más allá de la determinación de unas bases o de una coordinación general", que es en lo que la UE da competencia exclusivas al Estado, según alegan.
AGRUPARSE SI SE SUPERA EL ÁMBITO REGIONAL
Además, Convergència i Unió rechaza también que el Ejecutivo haya optado por permitir la agrupación de entidades sólo si supieran el ámbito regional y cumplen otros requisitos económicos, un precepto que a su juicio incumple los principios de defensa de la competencia al "discriminar cualquier iniciativa de fusión o integración de cooperativas en una misma comunidad".
Finalmente, rechaza la "indefinición" que el proyecto de ley mantiene con respecto a la financiación de las ayudas al fomento del cooperativismo, que según el texto "podrán ser financiadas" por la Administración central o la autonómica. "¿Qué significa 'podrán'? ¿Qué compromisos financieros conlleva? Las ayudas son necesarias, pero urge concretarlas y comprometerse con ellas", exige CiU.
LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA EMPEORARÁ LOS PROBLEMAS
Por su parte, el BNG rechaza el proyecto de ley de Cadena Alimentaria porque, pese a reconocer el "carácter estratégico del sector y la vulnerabilidad de determinados eslabones" no incluye medidas que contribuyan a "mejorar el equilibrio" de la cadena sino que, antes al contrario, "agudizará los problemas que acucian en la actualidad a sectores importantes, especialmente el productor".
Según consta en su enmienda, que recoge Europa Press, el proyecto de ley "mantiene la línea de medidas ensayadas y aprobadas tanto en el Estado español como en el seno de la UE, que han contribuido a generar importantes crisis de precios y de seguridad alimentaria en los últimos años".
En este sentido, los nacionalistas gallegos critican la "línea liberalizadora" elegida por el Ejecutivo, que opta por "reducir o eliminar" mecanismos de intervención público y favorece una "autorregulación" que, a su juicio, "ha agudizado la falta de vertebración del sector agroalimentario", con importantes "secuelas negativas" y sin conseguir mejorar distribución, calidad, diversidad de productos o precios.
"El proyecto incide en la idea de relegar la capacidad reguladora desde el ámbito público en un momento en que, sobre todo el sector productor, está a la espera de un marco regulatorio que contribuya precisamente a marcar las reglas rectoras de las relaciones entre los eslabones de la cadena con el fin de garantizar tanto la seguridad de precios en la parte más débil como mejorar la calidad de los productos", insiste el BNG.
También reprocha que el Gobierno no actúe ante situaciones "claramente abusivas" en la contratación alimentaria, como el pago bajo costes de producción, con lo que se vuelve a "dejar indefenso" a ese segmento del sector. Por último, el Bloque critica que la ley parte de una "visión centralizadora y uniformadora" que no tiene en cuenta ni la realidad del sector ni las competencias autonómicas, y pronostica que "impedirá la posibilidad de contar con espacios propios de negociación en ámbitos territoriales distintos al Estado".
El Pleno del Congreso debatirá el próximo jueves ambas enmiendas de totalidad, y el plazo para presentar enmiendas al articulado concluirá (salvo prórroga) el próximo 9 de abril para ser debatidas posteriormente en la Comisión parlamentaria de Agricultura.