Convergència i Unió (CiU) quiere cambios en la política laboral que está llevando a cabo el Gobierno y, entre otras medidas, pide más recursos para Políticas Activas de Empleo, "recuperar" el diálogo social, una ley para regularizar empleo sumergido, derogar el incremento de las cotizaciones que supone la aprobación, el pasado miércoles, de un decreto sobre contrato a tiempo parcial, así como poner en marcha un plan de choque contra el paro.
Así lo recoge en la moción consecuencia de la interpelación planteada esta semana a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y que previsiblemente será debatida y votada en el primer Pleno ordinario del Congreso, que se celebrará la semana del 10 al 14 de febrero.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas catalanes recogen una serie de propuestas para luchar contra el paro e impulsar la creación de puestos de trabajo, el problema que a su juicio debería preocupar y ocupar al Ejecutivo de manera prioritaria.
Entre otras cosas, CiU requiere al Gobierno que presente, en un plazo máximo de cuatro meses, un proyecto de ley para Regularizar el empleo sumergido y para "impulsar" la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores como la atención a las familias (cuidado de hijos, apoyo escolar, cuidado del hogar o atención a los dependientes, entre otros), donde se mueve gran parte de esta economía en negro.
FORMACIÓN Y EMPLEO
Además, proponen que Gobierno y comunidades autónomas acuerden medidas para que los trabajadores puedan "ejercer en todo caso y de forma eficiente" su derecho a la formación profesional en el trabajo y a participar en planes y acciones formativas para mejorar su empleabilidad, un derecho recogido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En este sentido, exigen que la Garantía Juvenil se implemente "con la mayor rapidez y agilidad posible" y que se adelanten los fondos que Europa consignará para esta estrategia, de modo que no hay que esperar a que las medidas se desarrollen y verifiquen para recibir la financiación.
Para ello sería necesario modificar las condiciones previstas de prefinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) para 2014 y 2015 --adelantar el 1% del total de fondos asignados anualmente a cada programa-- o, en su defecto, "anticipar el 99% restante" para ejecutar las actuaciones aprobadas.
En la misma línea, CiU también considera necesario incrementar los recursos destinados a Políticas Activas de Empleo hasta que alcancen al menos "los niveles previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011. Con más dinero, argumenta la formación, se podría garantizar "una rápida y eficaz transición hacia el empleo y que los servicios autonómicos puedan desarrollar programas propios adaptados a sus realidades sociales, económicas y territoriales".
Además, se permitiría vincular las Políticas Activas con " las acciones tendentes a la reincorporación al trabajo, estableciendo una fórmula de reversión del ahorro generado por dichas reincorporaciones a la financiación de las Políticas Activas de Empleo que gestionan las comunidades, dando de este modo cumplimiento a lo previsto en los Estatutos de Autonomía".
PLAN DE CHOQUE
Además de la formación, la formación catalana reitera en su exigencia de que se ponga en marcha "con la mayor celeridad posible" un plan de choque contra el paro que se centre en la generación de empleo en sectores "con perspectivas de futuro" como el turismo, los servicios a las personas, el Tercer Sector Social o los que permitirían cambiar de modelo productivo "hacia una economía baja en carbono".
En el marco de esta plan sería conveniente, cree CiU, pensar medidas "específicas" para que las microempresas puedan crear empleo, entre otras la "simplificación administrativa y fiscal" y el apoyo a la financiación "para aprovechar su mayor potencial en creación de puestos de trabajo a corto plazo".
No obstante, Convergència i Unió cree que hace falta también remover algunos obstáculos a la contratación como, por ejemplo, el incremento de las bases de cotización incluido en el decreto ley de contratación que aprobó a finales de año y que prevé la obligación de cotizar también por las retribuciones en especie.
CiU, que votó en contra de la convalidación el pasado miércoles, solicitó junto con otros partidos la tramitación del decreto como proyecto de ley para poder plantear modificaciones. Sin embargo, al negarse el PP a esa posibilidad, reclama ahora que se derogue esta nueva normativa.
Igualmente, pide anular las modificaciones introducidas por los Presupuestos de este ejercicio en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según las cuales este ente ya no se hará cargo de la indemnización de ocho días de salario por año de servicio en los despidos objetivos de empresas de menos de 25 trabajadores.
Por último, los nacionalistas catalanes incluyen en su moción una petición al Gobierno de que "recupere" el diálogo social en materia de política de empleo y protección social, de modo que se "asegure una auténtica y sólida recuperación".