En un informe en el que valora el anteproyecto de ley de la seguridad privada, la comisión señala que dicho texto sigue recogiendo "determinadas restricciones a la competencia" en forma de barreras de entrada al sector en relación con la reserva de la actividad existente a favor de los operadores del sector y el sometimiento de las empresas a un régimen de autorización previa para la prestación de la mayor parte de las actividades.
Del mismo modo, precisa que también se incluyen "otras cargas administrativas que, sin tener la intensidad de los aspectos anteriores, suponen posibles alteraciones en la libre prestación de estos servicios". Por ello, la CNC plantea la "necesidad" de justificar las restricciones a la competencia en el acceso a la prestación de estos servicios por parte de determinados profesionales.
No obstante, la Comisión indica que buena parte de los cambios que introduce la nueva ley deben ser acogidos "favorablemente" desde el punto de vista de la competencia. Para la CNC, "buenos" ejemplos de estas mejoras son la ampliación de las vías de acceso a la profesión o la delimitación de las actividades que configuran el núcleo duro de las actividades propias de la seguridad privada.