Concretamente, el comité tomó esta decisión el pasado 2 de noviembre en relación con estas directrices, que se aplicarán desde el 3 de enero de 2018, a la vez que lo harán las directivas MiFid II y MiFir y serán tenidas en cuenta por el supervisor español en el ejercicio de sus labores de supervisión.
Estas directrices tienen el objetivo de desarrollar normas comunes en sus obligaciones de reporte a tener en cuenta por las entidades de servicios de inversión, los centros de negociación y los sistemas autorizados de información (SIA) y, en líneas generales, de garantizar la aplicación coherente de las disposiciones previstas en el artículo 50 de la MiFid II y en los artículos 25.2 y 26 de la MiFir.
El reglamento de la ESMA establece que las autoridades competentes y los participantes en los mercados financieros deben hacer todo lo posible para atenerse a estas directrices, así como su obligación de confirmar si tienen la intención de cumplir con las mismas.