Así, las comunidades asumieron 82 casos, mientras que la CNMC gestionó 13 de los sometidos al mecanismo de asignación. Los dos expedientes restantes, que representan el 2%, aún están pendientes.
El mayor número de casos presentados en la respectiva comunidad autónoma frente a los presentados en la CNMC se debe al conocimiento cada vez mayor que tiene el mercado de las autoridades autonómicas y de sus competencias y a la actividad de oficio de éstas, según indica la CNMC.
El número total de casos sometidos a asignación en 2014 fue de 97, ocho menos que en 2013, cuando esta cifra fue de 105. En 2013, las comunidades autónomas asumieron el 94% de los casos.
De los expedientes asignados a las comunidades autónomas, sólo 10 se corresponden con expedientes de oficio (11,7%). Por sectores, el mayor número de casos corresponde, como es habitual, al apartado de actividades asociativas, colegiales y sindicales, con un 25%, seguido de los de Administración pública, con (19%) y el capítulo de otros (17%), de los que el 50% se corresponde con servicios funerarios.
Al margen de los expedientes sometidos a asignación se encuentran las colaboraciones no regladas, es decir, los hechos sobre los que una autoridad tiene conocimiento y traslada a aquella a la que considera competente para que, si lo estima oportuno, inicie de oficio diligencias para averiguar la veracidad de los mismos y, en su caso, iniciar las actuaciones correspondientes. En 2014, hubo 36 (frente a las 57 de 2013), de las que 26 fueron remitidas por la CNMC a la autoridad autonómica correspondiente.
En 2014 se produjeron tres reasignaciones o cambios de autoridad. En todos los casos, el expediente fue reasignado a la CNMC, al considerar la autoridad autónoma correspondiente que el ámbito territorial afectado por las supuestas conductas denunciadas era superior al de su Comunidad.