Según ha informado este jueves el Parlamento, los grupos tendrán finalmente más plazo para presentar propuestas de modificación al proyecto de ley, en el que se amplían las provisiones exigibles a las entidades bancarias para que cubran también los activos sanos.
Además, en el decreto ley que da lugar a este proyecto también se recoge la obligatoriedad para las entidades en las que ha intervenido el FROB de crear entidades independientes en las que separar la cartera inmobiliaria y la necesidad de vender un porcentaje cada año.
SOLUCIONAR LAS PREFERENTES
El decreto ley, que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue convalidado el pasado 31 de mayo en el Congreso con el apoyo del PP, UPN y de Coalición Canaria, y las abstenciones de CiU y PSOE, que sí habían respaldado la anterior reforma. Su postura estuvo condicionada a la aceptación por parte del grupo mayoritario de desarrollar el decreto como proyecto de ley para poder introducir cambios.
Además, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se comprometió en dicho debate a aceptar enmiendas relativas a la solución del problema de las participaciones preferentes o para reestructurar las deudas de las familias, que figuraban entre otras peticiones de los socialistas.
Eso sí, la prórroga hará muy difícil que el proyecto de ley complete su tramitación parlamentaria antes del verano, dado que julio no es mes hábil en términos parlamentarios y su calendario de sesiones es muy limitado.