El portavoz económico de la formación magenta, Álvaro Anchuelo, ha defendido su iniciativa recordando que la Constitución obliga a los poderes públicos a mantener unas pensiones "adecuadas en su cuantía inicial y periódicamente actualizadas para garantizar su suficiencia", algo que hasta el pasado mes de enero se intentaba vinculándolas a la inflación y que ahora se hace con un nuevo índice de revalorización que tiene en cuenta tanto el IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social.
Este cambio, aprobado en solitario por los 'populares' a finales del año pasado, "ha empeorado considerablemente" el poder adquisitivo de los pensionistas, ya que la reforma introduce un suelo de revalorización del 0,25% --aplicado por ejemplo este año-- y un techo del IPC más el 0,5%.
CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
En estas circunstancias, y dado que "en teoría ningún grupo se opone al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", Anchuelo cree que el primer paso para conseguir ese objetivo debe ser conocer con precisión cómo evoluciona la capacidad de gasto de los jubilados.
Y para ello no sirve el IPC general porque la cesta de la compra de los pensionistas es diferente a la de los ciudadanos medio, ya que productos y servicios como las telecomunicaciones, los juguetes o la educación tienen menos peso, mientras los medicamentos o el transporte público les afectan en mayor medida.
"Por eso, si queremos saber qué pasa con el poder adquisitivo de las pensiones sería necesario un IPC específico que recoja estas peculiaridades", ha insistido el diputado.
PROPUESTA "POCO RIGUROSA"
Sin embargo, el 'popular' Gerardo Camps cree que este debate es "tardío" y "poco riguroso" ya que no es posible "desgajar de la sociedad" y de la evolución de sus precios a un colectivo tan numeroso como el de los jubilados, y porque además aceptar esa premisa podría llevar a diferenciar el IPC de otros grupos como los parados, o de los diferentes territorios.
También ha recordado que "no todos los pensionistas tienen la misma pensión, ni la misma renta, ni consumen los mismos productos y servicios", por lo que a su juicio el mejor indicador para determinar el aumento de las pensiones debe ser el índice de revalorización creado por el Ejecutivo.
Por contra, la socialista Magdalena Valerio cree que no son necesarios nuevos índices sino volver al sistema anterior de revalorización de las pensiones en función de la inflación, así como recuperar la negociación de todos los cambios en materia de pensiones en el seno del Pacto de Toledo y del diálogo con los interlocutores sociales.
"Por respeto al trabajo del señor Anchuelo nos abstendremos y no votaremos en contra. Pero no estamos de acuerdo con la iniciativa, por las mismas razones que nos opusimos a la reforma de las pensiones, que debería derogarse", ha explicado, recordando además que más de 4,6 millones de hogares españoles sobreviven actualmente gracias a la pensión de los abuelos por lo que a los jubilados sí les afecta la evolución de los precios de la educación o los juguetes.
CONVENCE EL OBJETIVO, NO EL CAMINO
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, también está "de acuerdo con lo que dice querer" la iniciativa, aunque no "con el camino que sugiere andar" ya que a su entender los pensionistas no son un colectivo tan homogéneo como podría pensarse inicialmente, dado que sus hábitos de consumo dependen de si viven en el mundo rural o urbano, de su comunidad autónoma o del volumen de su pensión.
Por eso, a su entender la solución a los problemas de acceso a ciertos productos y servicios que sufren algunos jubilados deberían abordarse desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza en función de los ingresos de los ciudadanos, y no en función del origen de esos ingresos.
Finalmente, Carles Campuzano, de CiU, ve "sorprendente" que este debate se plantee cuatro meses después de la entrada en vigor del cambio en la revalorización de las pensiones, y advierte además de que calcular un IPC específico puede llevar a un dato inferior al general, lo que a la postre perjudicaría a los jubilados.
Además, ha recordado que hay territorios como Cataluña donde tradicionalmente la inflación es superior a la media nacional, lo que provoca una "lenta pérdida de poder adquisitiva" de los pensionistas en dichas regiones. "Por eso, nos gustaría que en ese estudio (de un nuevo IPC diferenciado) se tuvieran en cuenta también esas distintas realidades territoriales", ha concluido.