El Congreso debate este martes si pide al Gobierno que reparta la recaudación conseguida tras subir impuestos

EUROPA PRESS 18/06/2013 08:08

El portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, será el encargado de defender la iniciativa, en la que se reclama al Ejecutivo que transfiera directamente --y no a través del Fondo de Suficiencia-- el porcentaje previsto legalmente de los impuestos, es decir, un 50% en el caso del IVA y un 58% en el caso de los impuestos especiales, manteniendo estos porcentajes tras las subidas fiscales.

Además, propone que un 50% de la recaudación que el Estado obtenga por el impuesto sobre premios de lotería que ganen los contribuyentes residentes en cada territorio se traspasen a los gobiernos autonómicos correspondientes. Este gravamen del 20% entró en vigor el pasado 1 de enero y afecta a los premios de lotería superiores a 2.500 euros siempre y cuando procedan de una apuesta o participación de, al menos, 50 céntimos.

GASTOS EMINENTEMENTE SOCIALES

Sánchez-Llibre recordará a la Cámara Baja que "todas las administraciones están comprometidas en la tarea de la consolidación fiscal" pero que no todas disponen de los mismos mecanismos para cumplir con sus objetivos, motivo que les lleva a concluir que es "preciso que la actividad legislativa distribuya adecuadamente los esfuerzos en la reducción del gasto y los recursos destinados a incrementar los ingresos".

Además de reiterar su exigencia de que cualquier flexibilización en el objetivo de déficit que el Gobierno consiga en sus negociaciones con Bruselas se reparta entre todos los niveles de la administración, ajustándolos al peso de gasto que soporta cada una, el diputado de CiU también reclamará "participar plenamente del aumento de recaudación por la subida de los impuestos que están parcialmente cedidos".

"Las comunidades autónomas tampoco pueden padecer un déficit desbocado", apela el diputado catalán, recordando que las autonomías destinan la mayor parte de su presupuesto a gastos eminentemente sociales por lo que obligarles a un mayor esfuerzo de austeridad conlleva "forzar un ajuste de carácter eminentemente social" y un "ahogo financiero" de los gobiernos regionales.