Ambas formaciones han rechazado la decisión del Ejecutivo de anular tanto la nueva concesión de este tipo de ayudas como las renovaciones, lo que podría afectar a cerca de 300.000 ciudadanos en toda España, muchos de los cuáles verán incrementada su cuota hipotecaria hasta en 400 euros más al mes.
De hecho, los socialistas han presentado incluso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Fomento del Alquiler, que recoge esta cancelación, con el argumento de que se aplica con carácter retroactivo una decisión que es perjudicial para el ciudadano.
Sin embargo, ni sus apelaciones ni las de la Izquierda Plural han conseguido convencer a los 'populares', que han hecho uso de su mayoría absoluta para rechazar ambas iniciativas, de similar tenor.