Santamaría explicó que la renovación del alto tribunal se hace por tercios y recordó que este año correspondía la elección de dos magistrados por parte del Gobierno y otros dos por parte del Consejo del Poder Judicial. "Estos pasarán, una vez cumplidos los requisitos, a integrar el TC a propuesta del Gobierno", precisó la vicepresidenta.
En el caso de los que corresponden al Gobierno, este ha elegido a Pedro González-Trevijano, actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Santamaría destacó de él su labor "educadora y docente" y explicó que es autor de "numerosas y extensas publicaciones" relativas al derecho público y constitucional.
Por lo que se refiere a Enrique López, recordó que se trata de un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y es un "jurista de reconocido prestigio" con una "amplia trayectoria", de la que destacó haber accedido a la plaza de juez un año después de terminar la carrera de derecho y su "experiencia importante en el ámbito de Gobierno del CGPJ" por haber sido letrado y portavoz del mismo.
Aprobación de la ley de Cajas
La nueva ley de Cajas recoge que deberán transformarse en fundaciones aquellas que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance de forma directa o indirecta al menos un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de administración.
Las fundaciones bancarias no podrán participar en procesos de ampliación de capital de la entidad de crédito participada y deberán aprobar sus dividendos por quorum y mayoría reforzados, es decir, con la presencia del 50% del capital en la primera convocatoria y 25% en segunda convocatoria, más la aprobación de tres cuartos del capital presente en la Junta.
El Gobierno aprobó el pasado 3 de mayo el anteproyecto de ley. En aquella ocasión, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció un régimen fiscal especial para preservar el tratamiento "favorable" a la obra social de estas entidades.
Además, confirmó que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos a los que dieron lugar. De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable.