La banca decidirá cómo y cuándo deshacerse de activos tóxicos, según el Banco de España

Durante una jornada organizada por "El Nuevo Lunes" y la gestora del Santander, Malo de Molina se refirió a los datos adelantados ayer en el Informe de Estabilidad Financiera publicado por el Banco de España correspondiente a octubre, que estimaba que estos activos se situaban a finales de junio en 181.000 millones de euros.

Malo de Molina explicó que la labor reguladora del Banco de España está hecha, estableciendo los mecanismos de prudencia para que las entidades cuenten con las provisiones necesarias que garanticen la cobertura de estos activos.

El Informe de Estabilidad calculaba que las provisiones específicas, destinadas a cubrir créditos dudosos, alcanzaron el 26,6% en junio, aunque si se toman en consideración las genéricas, -las que se dotan en función del crecimiento del volumen de negocio crediticio y se usan en tiempos de crisis-, el ratio alcanzaría el 33%.

Malo de Molina recordó que la crisis económica y financiera global puso a prueba la capacidad del sistema para absorber los excesos del sector inmobiliario, que en otras ocasiones anteriores se habían asumido de forma suave.

En esta ocasión, explicó, el ajuste se hizo de forma abrupta y no gradual, tanto en términos de cantidades como en precios, y recordó que el Banco de España ya había advertido en 2003 sobre la sobrevaloración de los precios de la vivienda.

El sector bancario español resistió muy bien la primera oleada de la crisis financiera, la que coincidió en el otoño de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, ya que apenas estaba expuesto a aquellos activos.

Sin embargo, cuando estalló la burbuja inmobiliaria las entidades estaban estrechamente relacionadas con la actividad económica española y, en especial, con el sector de la construcción e inmobiliario, donde empezaron a deteriorarse los activos como consecuencia del aumento de la morosidad.

Tanto la contracción del crédito como el ritmo de aumento de la morosidad ha comenzado a mejorar, indicó Malo de Molina, que reconoció que aunque los criterios de concesión de crédito a familias y particulares han dejado de endurecerse y comienza a normalizarse, todavía no se ha relajado del todo.