La Defensora del Pueblo reclama que la recuperación económica se refleje en más el empleo público

"Las directrices de la política de personas de las administraciones públicas responden todavía, y prioritariamente, a criterios de sostenibilidad financiera", señala el informe anual de la institución correspondiente a 2014.

Concretamente, Becerril se refiere a la congelación, con excepciones, de las plantillas de la Administración y hace recuento de numerosas quejas recibidas por la continua reducción de las ofertas de empleo público.

Sobre ello, señala que "cabe esperar que la incipiente mejora de la situación económica posibilite la aplicación de otros criterios, con los que las expectativas de acceso al empleo público mejoren y tengan las ofertas una razonable previsibilidad y periodicidad, que evite la incertidumbre actual de quienes se forman para obtener un empleo o plaza en este sector".

Más en detalle, Becerril arremete contra la arbitrariedad en los procesos de selección de personal en el ámbito de lo público y contra la demora en las asignación de puestos. Así, constata que aspirantes a plazas incluidas en las ofertas de empleo correspondientes a los años 2010 y 2011 han acudido a la institución quejándose de la demora en la asignación.

El Estatuto Básico del Empleado Público determina que la ejecución de la oferta pública de empleo deberá desarrollarse en un plazo improrrogable de tres años. Si bien, con frecuencia este plazo no se cumple, por el volumen de procesos selectivos que se gestionan o por un principio de "economía procedimental" por el que se acumulan diferentes ofertas de empleo público en convocatorias únicas.

Becerril destaca el caso de un ciudadano que participó en una pruebas selectivas en Asturias correspondientes a una oferta de empleo público en 2007, cuyas bases se publicaron en 2010 y que, tras la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos, en junio de ese mismo año, permanecieron paralizadas sin motivo justificado hasta junio de 2014, cuando se publicó la lista definitiva de aspirantes admitidos.

Asimismo, la Defensora del Pueblo denuncia que los órganos de selección de los procesos selectivos para el acceso al empleo público gozan de un elevado grado de discrecionalidad para valorar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.