En un encuentro informativo organizado por Europa Press y Servihabitat, Fernández de Mesa ha subrayado que, "en el caso de que se produzca una sentencia condenatoria con motivo de la salida a Bolsa", sería necesario "hacer una estimación máxima prudente" de los costes que supondría pagar esas indemnizaciones.
"Tiene que haber una provisión máxima conservadora para hacer frente a las indemnizaciones. Este reparto se debe producir con carácter solidario entre Bankia y BFA", ha destacado. Además, ha indicado que, dado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es el mayor accionista de BFA, "el reparto entre una y otra institución va a tener un impacto marginal".
Fernández de Mesa, que ha insistido en que es necesario buscar "una solución jurídicamente solvente y aceptable", ha negado que existan problemas entre el Ministerio de Economía y el de Hacienda a la hora de cerrar este reparto, ya que "ambos ministerios quieren minimizar el impacto para el contribuyente".
Según las últimas estimaciones ofrecidas por fuentes al tanto de las negociaciones, el Estado, a través del holding BFA, y Bankia asumirían un coste máximo estimativo de unos 600 millones de euros para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de venta de julio de 2011.
De esta cantidad, BFA, que controla actualmente el 62,5% de Bankia afrontaría unos 372 millones. El 37,5% restante -alrededor de 228 millones de euros- deberá ser sufragado por Bankia, cantidad que lleva implícita una contribución indirecta del Estado al ser accionista mayoritario de la entidad.
En total, se baraja una cifra tope de unos 600 millones de euros para afrontar posibles litigios, que pueden multiplicarse después de que el informe de los peritos detectara irregularidades contables en la salida a Bolsa de la entidad.