Esta tarifa reducida o "bono social" se incluye dentro de un real decreto ley aprobado este jueves por el Consejo de Ministros con el que el Ejecutivo soluciona el problema del déficit tarifario -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000.
El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá los costes de la producción de electricidad fuera de la península.
Las eléctricas a cambio, costearán el "bono social" y la gestión de residuos radiactivos. El Gobierno explica que la nueva normativa garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico y articula un "mecanismo de protección" para los consumidores "más vulnerables".
Industria argumenta que el déficit de tarifa, en el contexto de restricción crediticia, dificulta la financiación del sector eléctrico e impide la competencia, lo que obstaculiza a su vez las inversiones, por lo que el Estado avalará hasta 10.000 millones de la deuda pendiente de titulizar.
Para garantizar la financiación de la deuda actual, los derechos de cobro se cederán a un fondo de titulización de nueva creación, mientras que el Estado avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 que se cedan a dicho fondo.
De forma gradual, los Presupuestos Generales del Estado asumirán entre este año y 2012 el coste extra que implica la generación de electricidad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que asciende a unos 1.300 millones de euros.
La tarifa reducida entrará en vigor el 1 de julio y se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera residencia y a todos la que la soliciten y cumplan los requisitos exigidos. ZA