La congelación presupuestaria perjudicaría a España, pero especialmente a los países de la ampliación liderados por Polonia, que ya han anunciado que lucharán por lograr unas perspectivas financieras con recursos suficientes. La congelación "no es una opción viable" e incluso con un incremento del 5% "sólo se puede realizar una contribución limitada al logro de los objetivos y compromisos de la Unión y al principio de solidaridad", asegura el informe parlamentario, cuyo ponente es el representante del PP español Salvador Garriga, y que se ha aprobado por 468 votos a favor, 134 en contra y 54 abstenciones.
El Parlamento emplaza a los Gobiernos, en caso de que no compartan este planteamiento, a que "identifiquen claramente sus prioridades o proyectos políticos de los que podría prescindir totalmente a pesar de su acreditado valor añadido europeo".
Esta será la posición política que adopte la Eurocámara en las negociaciones con los Veintisiete sobre el próximo marco presupuestario de la UE, que comenzarán cuando en junio la Comisión presente sus propuestas. El informe de Garriga fue aprobado este miércoles en la comisión de Presupuestos por 39 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones y será ratificada en junio en pleno.
"No podemos seguir haciendo más Europa con menos presupuestos. Ya no. Queremos acabar con la mala costumbre de aceptar solemnes compromisos políticos que después carecen de posibilidades de ser financiados", ha afirmado Garriga. "Un fracaso más llevará a la decepción y al euroescepticismo", ha remachado.
El informe defiende además mantener el gasto agrícola y regional durante el próximo periodo. Además, La Eurocámara pide a la Comisión que establezca una categoría intermedia para las regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75% y el 90% del PIB de la UE, con el fin de proporcionarles "una situación más clara y mayor seguridad en su desarrollo". Ello podría beneficiar a regiones como Andalucía, Castilla-la Mancha o Galicia.
La Eurocámara reclama también un nuevo sistema de financiación con más recursos propios de la UE, aunque sin aumentar la presión fiscal global sobre los contribuyentes. También pide que se eliminen los descuentos de los que se benefician algunos Estados miembros en su contribución a las arcas comunitarias, como el cheque británico.