La Fiscalía de Cantabria demanda a Telefónica por el cobro de la identificación de llamadas

La Fiscalía Superior de Cantabria ha presentado un escrito de demanda contra Telefónica de España promoviendo lo que se denomina acción de cesación, en defensa de los intereses consumidores, por la implantación del cobro del servicio de identificación de llamadas en los teléfonos fijos.

Bajo el nombre de acción de cesación se conocen las medidas que intentan conseguir que una sentencia condene al demandado a eliminar y dejar de utilizar de sus condiciones generales las que se declaren nulas. Su aceptación implica la devolución de las cantidades cobradas por estos medios y la posibilidad de reclamar indemnizaciones.

El órgano fiscal se hace eco así de una serie de quejas promovidas por la entidad vecinal cántabra FECAV (Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos), que se ha personado en el proceso judicial que se seguirá en el Juzgado de lo Mercantil de Santander.

La federación ha hecho pública esta decisión de la Fiscalía, que además llevará el sábado al encuentro de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV).

CEAV basó sus quejas en que en 2008 Telefónica cambió de manera unilateral y "abusiva" las condiciones de los contratos suscritos con sus abonados, cuando pasó a cobrar el servicio que primero prestaba de forma gratuita que permitía conocer quien llamaba por teléfono en la pantalla, del mismo modo que sucede en los teléfonos móviles.

Desde la FECAV consideran que la identificación de los usuarios es algo "inherente" al servicio "básico" que presta Telefónica, inciden en la "indefensión" que se producía en los entornos rurales en los que era imposible darse de baja y elegir otro operador --opción que ofrecía la empresa a quienes no querían el cobro-- y estiman que las devoluciones e indemnizaciones por esta decisión podrían rondar los 100 millones de euros, según ha explicado el abogado de la federación, Francisco Díaz.

En la entidad vecinal llevaron este tema a distintas instituciones, incluido el Instituto Nacional del Consumo, el Defensor del Pueblo, cuya actitud elogian; y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, organismo al que se plantean llevar también a los tribunales ante su "dejación de funciones".

LA DEMANDA

El Ministerio Fiscal determina en su escrito de demanda para promover la acción de cesación cómo en 2001 Telefónica empezó a ofertar gratuitamente a sus clientes este servicio, para en 2008 modificar la cuota de abono, detallándola "en letras significativamente menor" a las del resto del contenido de la factura.

Esta parte recuerda que tiene entre sus funciones la intervención en procesos civiles cuando se comprometa el interés social, así como su legitimación para ejercer la acción de cesación en defensa de intereses colectivos y de consumidores y usuarios.

Así, lo que pide el Ministerio Público es que se condene a Telefónica de España a eliminar de sus contratos las cláusulas consideradas abusivas, a devolver lo indebidamente cobrado --lo cifra en 19,72 euros por cliente--, y a indemnizar en daños y perjuicios.

El Juzgado de lo Mercantil ha trasladado la demanda a los organismos y asociaciones que menciona la Fiscalía para que presenten sus recursos o decidan personarse. Entre ellos, aclara la FECAV, se encuentran el Ayuntamiento de Santander o el Gobierno de Cantabria, ya que estas administraciones tienen competencias en materia de consumo.

INDEMNIZACIONES DE 100 MILLONES DE EUROS

Tal y como ha detallado el abogado de la FECAV, se entiende que la identificación entre abonados es una premisa "básica" del servicio universal de Telefónica, a quien censuran que se aprovechara de su posición "hegemónica" para realizar una modificación "unilateral" de un contrato que, advierten, no podía realizar porque estaba regulado legalmente.

El servicio pasó de ser gratuito a cobrarse a 0,58 euros mensuales, por lo que se estima que Telefónica deberá devolver a cada abonado 19,72 euros, o, si no se puede determinar la cantidad, 30 euros.

Desde la FECAV, Fernando Crespo recuerda que Telefónica cuenta con 20 millones de usuarios, por lo que se estima que las indemnizaciones rebasarían los 100 millones de euros, que tendrán que reclamarse posteriormente a Telefónica, directamente o a través del Instituto Nacional de Consumo.

Crespo ha hecho hincapié en que el contenido de la demanda es nacional y ha criticado el "abuso de poder" y el "fraude de ley" con el que a su juicio se comportó Telefónica, a quien acusa de hacer ·chantaje" a sus usuarios.

Y elogia el comportamiento del Defensor del Pueblo, por asumir con un "interés extraordinario" las denuncias de la FECAV, hasta el punto de que, al percibir que los organismos con responsabilidad en este campo iban "a su aire", requirió que se creara una comisión de coordinación.