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El futuro fondo europeo de reconstrucción que impulsó la cumbre del jueves tiene varios puntos por aclarar, pero uno centra la bronca: ¿Qué parte deben ser préstamos y qué parte transferencias? Ese punto salió abierto de la reunión y las reacciones posteriores de los dirigentes muestran que Bruselas tendrá muy complicado buscar una fórmula que contente a todos. Mientras el italiano Giuseppe Conte pedía transferencias, el holandés Mark Rutte exigía que sólo fueran préstamos.
La Comisión Europea divide el fondo de reconstrucción en dos pilares. Uno sería añadirle 300.000 millones de euros al presupuesto comunitario (el Marco Financiero Plurianual o MFP), que en principio sí irían a transferencias. Otro sería emitir bonos europeos por valor de 323.000 millones de euros, que servirían para, a través de un enjuague financiero similar al usado con el Plan Juncker, movilizar hasta 2 billones de euros.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo el jueves que usaría el presupuesto europeo para equilibrar las diferencias que se pueden producir a partir de ahora cuando los países con más margen fiscal puedan sostener con más fuerza a sus empresas que los que no tienen apenas margen.
Un fondo basado en préstamos (aunque nadie cree que sea 100% préstamos) aumentaría aún más las deudas nacionales. Sería una especie de MEDE (el fondo de rescates) sin troika, con la única condicionalidad de que el gasto, que iría a proyectos concretos, estaría fiscalizado por la Comisión Europea como cualquier fondo comunitario.
Haciéndolo así, la mayor parte del fondo se financiaría con emisiones de deuda de la Comisión Europea, que usaría como colateral su propio presupuesto. La pregunta es cómo se moviliza el dinero. El Plan Juncker usa una fórmula que gusta en el Norte: Bruselas provee avales para apoyar iniciativas público-privadas de inversión. Es un sistema que muchos economistas critican porque sólo funciona si las empresas ven oportunidades claras de negocio, que ahora difícilmente verán.
La otra forma sería que el fondo tuviera una parte considerable de transferencias. ¿Cómo se financia eso? Como siempre se financiaron los presupuestos europeos. Se aumentaría el techo de gasto (que suma las contribuciones nacionales y los recursos propios de la Comisión Europea) para que Bruselas pudiera gastar más. Todos los Estados miembros aumentarían sus aportaciones al presupuesto europeo. Los contribuyentes netos terminarían poniendo más a fondo perdido y los receptores netos terminarían recibiendo aún más de lo que reciben ahora.
¿Dónde quedaría España en ese entramado? La evolución económica de los próximos años dirá pero calculando con los PIB actuales España empezaría el próximo período presupuestario (2021-2027) siendo todavía receptor neto por muy poco y debería salir del mismo siendo contribuyente neto, pero también por muy poco. Si la recesión española es mucho peor que la del Norte de Europa podría ser receptor neto todo el período. Eso haría que España recibiera todavía más de lo que tuviera que aportar, por lo que un aumento del presupuesto, aunque conllevara aumentar su contribución, terminaría por beneficiar a Madrid.
La parte que sean transferencias, en el plan de la Comisión Europea, se usaría como se hace con los fondos de cohesión: los gobiernos presentan proyectos a Bruselas, que los aprueba y financia una parte. Eso nunca se devolverá. Los contribuyentes netos tendrían que poner más dinero. Pura solidaridad.
Parte de la solución estará en la postura de Berlín. Angela Merkel ha repetido varias veces que no habrá mutualización de deudas nacionales. Y en el plan de Bruselas no las hay. Merkel sí dijo el jueves que Alemania sí acepta aumentar "considerablemente" su aportación a los presupuestos europeos y que la reconstrucción del continente necesita un fondo "enorme". Eso abre la puerta a que una parte sean transferencias y no todo préstamos.
Cualquiera entendería que los países que tuvieran que aumentar su contribución neta a los presupuestos europeos serían los perdedores (o los más solidarios). No es tan claro. Aumentar esos presupuestos les sale a cuenta porque el beneficio que extraen del mercado común es muy superior al que extraen los países que son receptores netos. El problema, más que económico es político porque para algunos dirigentes, como el holandés Rutte, aumentar su aportación a los presupuestos comunitarios es tóxico a un año de ir a las urnas con todo el espectro político a su derecha jugando a ver quién es más duro con el Sur.
Muchas voces alegan que la Comisión Europea no debería emitir bonos europeos porque sentaría un precedente que abriría la puerta a la mutualización de las deudas nacionales de los Estados miembros. La Comisión Europea lleva casi medio siglo emitiendo bonos europeos sin jugar con ese fuego.
Desde 1970 la Comisión Europea ha emitido 12 veces en los mercados financieros unos instrumentos llamados Bonos de la Comunidad Europea. Lo hizo siempre para financiar a gobiernos nacionales en apuros. Esas emisiones de deuda las garantizaba con sus presupuestos, es decir, que indirectamente las garantizaban todos los Estados miembros.
El embrión fue el "Mecanismo de Préstamos de la Comunidad". Consistía en préstamos bilaterales entre los Estados miembros para amortiguar los desequilibrios de las balanzas de pago y permitir que aquella todavía pequeña UE no tuvieran que llamar a la puerta del FMI o directamente de la Reserva Federal estadounidense. Se puso en marcha en 1971 y Alemania ya prestó en 1974 a Italia unos 2.000 millones de dólares. La solución no era políticamente sostenible.
A partir de ahí Bruselas fue un paso más allá y empezó a emitir los "Bonos de la Comunidad Europea", para directamente financiar a países que sólo podían acudir a los mercados financieros ofreciendo intereses insostenibles. La primera emisión de Bonos de la Comunidad Europea se lanzó en 1976 y los fondos se prestaron a Italia e Irlanda.
En 1976 y 1977 se volvió a prestar a Italia, en 1983 a Francia, en 1985 a Grecia, en 1987 a Portugal. En los 90 se siguió: Grecia en 1991, Italia en 1993. En 2008 se prestó a Hungría, en 2009 a Letonia y Rumanía. Los créditos fueron sustanciales. El de Grecia de 1985 equivalía al 3,6% de su PIB, el de Francia en 1983 al 0,7% del suyo, el de Hungría de 2008 al 4,6%, el de Irlanda de 1976 al 3,9%.