Así lo ha señalado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Congreso, a petición propia y del PSOE, para explicar los seis reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre para establecer la normativa de aplicación de la PAC para el periodo 2014-2020.
Unos decretos que se refieren a la definición de agricultor activo y actividad agraria, al sistema de pagos directos, a la condicionalidad, al programa de apoyo al sector vitivinícola o a la coordinación de autoridades de gestión de desarrollo rural, entre otros asuntos.
Con estas normas se regulan los procedimientos de asignación y utilización de los más de 47.000 millones de euros de fondos comunitarios que corresponden a España por la nueva PAC entre ayudas directas (37.705 millones), desarrollo rural (8.291 millones), y medidas de mercado (más de 3.000 millones).