Generalitat valenciana prevé ahorrar 400 millones en sus empresas y fundaciones, que reducen su gasto un 40%

La Generalitat valenciana prevé un ahorro de como mínimo 400 millones de euros con las medidas de reestructuración y racionalización de su sector público empresarial y fundacional, que reducirá alrededor de un 40% sus gastos de funcionamiento.

Así lo ha explicado el consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, quien, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha presentado el decreto ley de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, que afecta a 75 entidades, entre sociedades mercantiles, entidades de derecho pública u fundaciones de la Generalitat y e incluirá a Radio Televisión Valenciana (RTVV) y la Agencia Valenciana de Turismo.

El Consell también ha aprobado el anteproyecto de creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana --anunciada por jefe del Consell, Alberto Fabra, el pasado mes de julio, en el acto en el que fue investido presidente--, a través de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2012, que entrará en vigor el 1 de enero, y se prevé que esté operativa en los primeros cuatro meses del año.

Verdeguer, que ha estado acompañado por la portavoz del Consell, Lola Johnson, ha señalado que esta corporación es una entidad de derecho público, sometida a derecho privado, que englobará a un total de 26 sociedades mercantiles y 19 entidades de derecho público.

Quedan excluidas de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, la Agencia Valenciana de Turismo y el grupo RTVV. Este último porque "el Consell está analizando su nuevo modelo y para adaptarlo se requiere un cambio legislativo", ha manifestado el consejero.

Esta Corporación Pública, que estará presidida por el consejero de Economía, se encargará de la coordinación, del control económico-financiero y de la supervisión de las empresas públicas, así como de la reestructuración y racionalización del sector público empresarial.

Respecto a los objetivos de este decreto ley, Enrique Verdeguer ha señalado que se busca configurar un sector público empresarial y fundacional "saneado, austero y eficiente" y utilizar el ahorro que se consiga en "alimentar la economía productiva" puesto que, según ha manifestado, ésta es "la única forma de generar empleo".

Asimismo, el titular de Economía ha valorado la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía que "regula por vía de decreto ley el régimen económico-financiero de su sector público instrumental".

Verdeguer también se ha referido a algunas de las medidas que se contemplan en este decreto ley. Entre ellas, destaca que las entidades que superen un cierto nivel de deuda deberán elaborar un plan de pago a proveedores, que tendrá que aprobar la Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos.

Cuando sea necesario, se plantearán auditorias internas en las empresas o fundaciones y, en casos extraordinarios de incumplimientos, actuará la Intervención General de la Generalitat Valenciana. Este decreto ley también contempla otras medidas como las referentes a las contrataciones y la elaboración de planes de saneamiento en determinadas entidades.

Respecto al régimen de contrataciones, se tendrán que aplicar autorizaciones previas para determinados importes. Sobre este asunto, Verdeguer ha explicado que se aplicará la Ley de Contratos de la Administración, que fija "en 12 millones de euros el mínimo a partir del cual tiene que ir al Consell".

En cuanto al régimen de retribuciones, el consejero de Economía ha asegurado que el personal directivo no podrá recibir una remuneración superior a la que cobran los altos cargos de la administración valenciana.

FUSIONES

Preguntado por si se prevé suprimir alguna empresa pública o fundación, Verdeguer ha señalado que el proceso de reestructuración y racionalización es "dinámico, vivo y continúa", y ha añadido que antes de finales de año se darán indicaciones más concretas. No obstante, ha adelantado que no necesariamente desaparecerán entes y ha apuntado la posibilidad de fusiones.

A la hora de decidir las medidas a adoptar, ha negado que se vaya a aplicar "un criterio economicista", sino que cada departamento del Consell será "absolutamente autónomo para determinar cuál es la mejor alternativa en cada caso"

En cuanto a si las empresas de la Generalitat dejarán de prestar servicios que también ofrecen otras administraciones, ha indicado que "si el ciudadano recibe una prestación en garantías y condiciones, será un criterio" a tener en cuenta.

Respecto por si parte del ahorro de las empresas públicas se conseguirá por el empleo, ha explicado que se revisarán todos los capítulos. Sin embargo, ha indicado que los gastos de personal del sector público empresarial y fundacional "constituyen no más del 12 o 13 por ciento".

Enrique Verdeguer ha hecho hincapié en que este decreto ley "no es de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, sino que es un proyecto en el que está implicado todo el Consell". Por otra parte, ha avanzado que en el mes de noviembre se presentará la reestructuración del sector público fundacional.

5.000 MILLONES DE DEUDA

Inquirido sobre cuánto cuesta a la Generalitat el sector público instrumental, el consejero ha señalado que las empresas, unos 2.500 millones y las fundaciones, alrededor de 100. En total, trabajan en ellas entre 10.000 y 11.000 personas. Respecto al endeudamiento de éstas, lo ha cifrado en algo más de 5.000 millones.

Por otra parte, la portavoz del Consell, Lola Johnson, ha indicado que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2012 modifica cuatro leyes de carácter tributario y 24 no tributarias. Se mantienen los beneficios fiscales aprobados en ejercicios anteriores y una bonificación del 100 por cien por lo que respecta al impuesto de Patrimonio.