El Gobierno riojano ya adelanta que "no agotará" el límite máximo de déficit del 1,3% del PIB en 2013

EUROPA PRESS 28/06/2013 13:37

Arruga ha recalcado que el Gobierno de La Rioja "no quiere más déficit, porque más déficit es más deuda y a más deuda, más intereses y ese camino no es el que este Gobierno quiere". Sin embargo, ha añadido que, "pese a que en ningún caso entiende estos nuevos objetivos de estabilidad como una relajación, tampoco pensamos renunciar a esta nueva holgura que ha ofrecido el Ministerio a las comunidades autónomas".

La consejera ha subrayado que "la posición del Ejecutivo, una vez que La Rioja ha cumplido con los objetivos de estabilidad en 2012 y fue en 2011 la comunidad autónoma con menor déficit, y ha acreditado la solvencia de sus cuentas públicas, es continuar con su hoja de ruta manteniendo la calidad de los servicios públicos y sin subir la presión fiscal a los riojanos". Además, ha indicado, a partir de ahora, "el esfuerzo del Gobierno de La Rioja irá encaminado a mejorar la actividad económica y crear empleo".

Arruga ha trasladado la propuesta de objetivos de déficit y deuda que ayer el Ministerio de Administración Pública y Hacienda comunicó al conjunto de las comunidades autónomas y que será acordada por el Consejo de Ministros.

No obstante, ha aclarado que será en el próximo CPFF que se celebrará en julio, cuando el Ministerio les comunique los objetivos de estabilidad individualizados para cada comunidad. "Una vez que conozcamos el techo máximo de déficit y deuda que nos asignan y nos comuniquen las entregas a cuenta junto con las previsiones de crecimiento económico estaremos en disposición de abordar los presupuestos para 2014".

CORA

Respecto a la información que el Ministerio también trasladó ayer sobre los trabajos realizados por la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), la consejera de Hacienda ha mostrado su satisfacción por la "política coincidente" que el Gobierno de La Rioja está desarrollando con la reforma de las administraciones que plantea el Estado, incidiendo en dos aspectos que son fundamentales: la administración electrónica y la contratación centralizada.

Arruga ha manifestado que el Ejecutivo regional no sólo está en línea con los objetivos buscados por el Estado en cuanto a implantación de la Administración electrónica, sino que en muchos aspectos "vamos por delante".

En este sentido, la consejera ha recordado que al final de este año prácticamente se habrá agotado el desarrollo normativo relativo a la Administración electrónica y la casi totalidad de las aplicaciones informáticas destinadas a llevarla a efecto serán una realidad, adelantándonos incluso a las previsiones que nos habíamos marcado en el desarrollo de la Estrategia Digital de La Rioja 2013- 2015.

Además, Concepción Arruga ha señalado que en lo relativo a contratación centralizada, "los calendarios de implantación de estas medidas van por delante de lo que propone el Estado". "Hemos centralizado las TICs para todo el sector público de la CAR y, a través de la Dirección General de Contratación Centralizada, se ha centralizado la luz, el gas, los seguros y gasoil de los vehículos del parque móvil de la Comunidad, el papel y las comunicaciones postales. Y ya estamos trabajando en el material de oficina, la seguridad y limpieza de todos los centros que dependen de la Administración".

No obstante, ha indicado que el Gobierno de La Rioja estudiará la información que próximamente el Estado compartirá con las comunidades autónomas en la próxima comisión sectorial de las Administraciones Públicas para "analizar qué nuevas eficiencias se pueden obtener", ha añadido.

Por último, el CPFF aprobó una propuesta para que las comunidades autónomas adopten medidas normativas necesarias para incorporar la recomendación de que los órganos de control interno de la gestión económica-financiera realicen anualmente actuaciones de control. Relativo a este punto del orden del día, la consejera ha indicado que el Gobierno de La Rioja ya viene realizando estos controles en la propia Administración y a los organismos autónomos y entidades públicas empresariales pero sin un compromiso normativo que en función de este acuerdo el Ejecutivo implantará.