Así lo señala en respuesta a la diputada socialista Laura Seara, quien preguntó por escrito si la falta de personal en el Fogasa era lo que había "obligado" a la Administración a "derivar expedientes" a Tragastec para su gestión, y pedía además información sobre el número de casos gestionados en el marco de la encomienda.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo afirma que la decisión adoptada por el Fogasa de encargar una encomienda de gestión a Tragsatec "se estableció por ser más rentable y eficaz que otras fórmulas", y subraya que gracias a ello se ha podido "eliminar el atasco de expedientes" acumulados entre 2007 y 2011 como consecuencia de la crisis, y que "siguió creciendo a partir de ese momento".
RECURSO LEGAL
A renglón seguido, se recuerda que la encomienda de gestión es una fórmula jurídica contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público, por la que la Administración puede contar con medios propios de manera "instrumental".
"Tales medios propios son, a todos los efectos, de carácter interno, dependiente y subordinado de la Administración. No fue una externalización de actividades, sino el encargo de una encomienda de gestión a una empresa pública con experiencia en actividades de apoyo interno a la Administración", apostilla la respuesta, cifrando en unos 150.000 los expedientes de los que Tragsatec se ha hecho cargo.
CONTRARIO AL TRIBUNAL DE CUENTAS
Esta respuesta del Gobierno contrasta con el informe que el Tribunal de Cuentas hizo público hace un mes sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa en el ejercicio 2013, que incluye un análisis del contrato de casi 3,27 millones de euros firmado con Tragsatec.
Según el organismo fiscalizador, dicho contrato "no debió aceptarse desde el punto de vista de la legalidad vigente" ya que entre las actividades en las que Tragsa está especializada no se cuenta ninguna administrativa, sino agrícolas, ganaderas o medioambientales.
De hecho, aunque los empleados de la empresa pública debían destinarse únicamente al tratamiento de expedientes, el Tribunal ve "indicios de extralimitación de dichas funciones", lo que podría suponer una vulneración, entre otras, de la Ley de Protección de Datos, además de dejar al Fogasa expuesto a anulaciones de sus resoluciones.
Entre otros defectos, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda también detectó el carácter "antieconómico" de la encomienda de gestión para los intereses del Fondo de Garantía Salarial, ya que el número medio mensual de expedientes aprobados en 2013 sin la colaboración de Tragsatec fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los primeros meses de 2014, y el coste medio de los casos asumidos por ésta resultó un 1.077% superior al de los que tramitaron funcionarios del Fondo.
De hecho, el precio final de la encomienda de gestión "será muy superior" a los 3,27 millones previstos tanto si se tienen en cuenta costes indirectos (tiempo en formación, asesoramiento, selección de expedientes a tramitar por Tragsa) como si sólo se valoran los directos, ya que si el trabajo lo hubieran realizado los propios funcionarios habría costado apenas 274.281 euros, un 91,6% menos, según el Tribunal.