Así lo pone de manifiesto en la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley de Transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que será tramitado por la vía de urgencia en las Cortes.
Según la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press tras su entrada en el Congreso, la decisión de modificar el régimen jurídico del Fondo busca adaptar este instrumento a la nueva situación derivada de la finalización del programa de pago a proveedores ya que "no se prevé la activación de nuevas fases", lo que "reforzará la credibilidad" de la Ley de Deuda Comercial al "evitar un incentivo negativo" a comunidades y ayuntamientos.
Y, además, la extinción de la personalidad jurídica de este fondo permitirá conseguir algunos "impactos positivos" en términos de ahorro de costes como los contratos de rating, los asesoramientos jurídicos o el convenio con el Banco de España, entre otros, por valor de "al menos" 200.000 euros anuales, así como "otros costes de coordinación entre las unidades administrativas que actualmente participan en su gestión".
EL ICO GESTIONARÁ LAS OPERACIONES
Así, las deudas financieras del extinto Fondo serán asumidas por el Tesoro Público, que las gestionará en línea con su estrategia general, mientras que el pago de los intereses y la devolución del principal de los préstamos se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, los activos del fondo --esencialmente, los derechos de crédito frente a las comunidades y los ayuntamientos-- serán asumidos por el Estado como aportación patrimonial no dineraria. No obstante, estos activos generarán flujos de efectivo derivados del cobro de intereses y del reembolso de los préstamos, cantidades con las que se atenderán los gastos operativos y de gestión del nuevo instrumento. La diferencia entre los rendimientos y los gastos se ingresará anualmente en el Tesoro.
Con esta "reorganización administrativa" el Ejecutivo espera que "mejore el funcionamiento del fondo y se adapte su estructura a sus nuevas necesidades de gestión, ganando eficacia y eficiencia en sus procesos decisionales y de funcionamiento operativo", que quedará en manos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En el mismo proyecto de ley el Gobierno ha incluido una disposición final que modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para elevar el límite de endeudamiento por el importe que asume la Administración General a resultas del cambio de naturaleza jurídica de este fondo.
En cualquier caso, más allá del ahorro previsto, el Gobierno no cree que la medida tenga ningún otro impacto económico, ni administrativo ni sobre la competencia. En total, en tres etapas diferentes, este fondo ha movilizado 41.883,87 millones de euros, de los cuales 30.531,97 millones han ido a pagar facturas de las comunidades autónomas y los 11.351,9 millones restantes, a aplacar las tensiones de tesorería de las entidades locales.