El convenio, que se remite a las Cortes Generales para su ratificación, tiene por objeto dispensar un tratamiento tributario adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en el ámbito internacional, proporcionando un marco de seguridad jurídica y fiscal que favorezca los intercambios económicos entre los dos países y facilite la cooperación entre las respectivas autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.
Establece, en este sentido, los criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias; beneficios empresariales; transporte marítimo y aéreo; empresas asociadas; dividendos; intereses; cánones; ganancias de capital; servicios personales independientes; rentas del trabajo; participaciones de consejeros; rentas de artistas y deportistas; pensiones; remuneraciones por función pública; profesores e investigadores; estudiantes y otras rentas.
El convenio incluye asimismo una cláusula de intercambio de información. Ello pondrá a disposición de ambas administraciones un instrumento eficaz para la lucha contra la evasión fiscal, según destaca el Gobierno español.