Así se pone de manifiesto en una respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, que recoge Europa Press. Según el Ejecutivo, la "sobrecarga" que actualmente soporta el Fogasa se debe a "las condiciones de la crisis económica, que provoca un incremento de la litigiosidad y un elevado número de empresas en situación de insolvencia o concurso".
Una situación "más acusada" desde que en octubre de 2011 entrara en vigor la Ley reguladora de la jurisdicción social, que "establece como novedad procesal la obligación de notificar al organismo todas las actuaciones judiciales", lo que supone que se cite al Fogasa a "un número mucho mayor de actos procesales".
ELEGIR PROCEDIMIENTOS.
Este incremento de la carga de trabajo obliga a los letrados a estudiar las notificaciones judiciales y decidir en qué procedimientos interviene, optando por actuar en los que "existen más posibilidades de que la responsabilidad del Fogasa decaiga o pueda verse disminuida". No obstante, el Gobierno reconoce que "la situación óptima y deseable, y a la que se ha de tender, es la de garantizar la presencia del organismo en todos los procedimientos".
Para avanzar en ese objetivo, se ha aprobado un plan de "redistribución y optimización" de efectivos que se irá implantando "progresivamente" y que comprende la incorporación, "mientras sea necesario", de otros "funcionarios de la Administración General del Estado no adscritos al Fogasa pero con "capacidad, conocimientos y experiencia adecuados para actuar en nombre y defensa del mismo en sede judicial".
"Se trata de una medida que puede adoptarse de modo inmediato en cuanto que se lleva a cabo con funcionarios de carrera ya ingresados y en situación de activo", destaca el Ejecutivo, que precisa que esta decisión "coyuntural" se mantendrá durante el tiempo "que sea preciso y mientras las circunstancias así lo exijan".
Y es que el Gobierno rechaza la posibilidad de incrementar de forma estructural la plantilla porque eso conllevaría "una mayor dotación presupuestaria, un importantísimo aumento del gasto de personal que se mantendría en el tiempo, dado el carácter estructural de esa medida y, en definitiva, supondría que, una vez que cesen las excepcionales circunstancias actuales, el organismo tendría un número excedente de funcionarios".
DEBERÍA HABERSE HECHO ANTES.
Por otra parte, el Gobierno aprovecha la respuesta parlamentaria para criticar a sus predecesores socialistas, argumentando que ya en 2008 "habría sido conveniente" la adaptación "paulatina" de la estructura o recursos del Fogasa "al nuevo escenario económico y laboral", algo que sin embargo no ocurrió.
En cualquier caso, también asegura que las actuales circunstancias y la no asistencia a algunos procedimientos judiciales no está provocando perjuicios al organismo ni "conlleva automática y necesariamente el abono de prestaciones indebidas".
"Puede ocurrir que de un procedimiento judicial en el que el Fogasa no ha intervenido no se derive responsabilidad alguna del organismo, bien porque no se haya reconocido derecho alguno en favor de los trabajadores o porque, aun existiendo tales derechos de crédito frente a la empresa (por indemnizaciones o salarios), no se trate de una empresa insolvente. En esos casos, la inactividad procesal del Fogasa no conlleva perjuicio alguno para el organismo", concluye.