La iniciativa establece que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen un ERE que afecte a trabajadores mayores de 50 años, efectúen una aportación económica para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
"Queremos ultimar la negociación y la conformación de la legislación que permita que ese tipo de situaciones se produzcan, porque no basta con el deseo de la compañía", dijo en alusión a Telefónica, que ya ha expresado su compromiso de costear los 450 millones de euros en gasto por desempleo que supondrá el ERE que afectará 6.500 trabajadores en tres años, después de haber cerrado 2010 con 10.167 millones de beneficios, un 31% más que el año anterior.
La intención del Gobierno es que la ley esté lista para cuando Telefónica presente formalmente su compromiso de contribuir al gasto del sistema, ya que, de momento, "el Ministerio de Trabajo no ha recibido expediente alguno" por parte de la compañía presidida por César Alierta, en tanto que aún no ha finalizado la fase de consulta y negociación con las organizaciones sindicales.
Según recordó el ministro de Trabajo, la enmienda plantea además una contribución de las empresas a los gastos derivados por los expedientes de regulación en función de su tamaño, su volumen de beneficios o el tamaño de la plantilla afectada. "Esa contribución no tiene por qué ser siempre la misma", añadió.
Por último, Gómez ha señalado que el hecho de que Telefónica asuma los costes sociales del ERE "es bueno porque se estará reduciendo el tamaño del nuestro déficit público" y porque se estará sentando un "precedente".
"Se trata de 450 millones de euros que son fondos importantes, y además sientan un principio que puede ayudar al sostenimiento de las cuentas públicas, que falta hace porque se está gastando 30.000 millones de euros todos los años en desempleo desde que comenzó la crisis", sentenció.