Así consta en el informe 'España en 2018' presentado este lunes por el presidente del CEC, César Alierta, en el que se resalta la importancia de evitar desviaciones en lo presupuestado y reducir de forma "más ambiciosa" la evolución de la deuda pública.
En concreto, el informe propone aumentar la lucha contra el fraude fiscal y laboral para generar una recaudación extra de unos 20.000 millones y un plan de racionalización y eficiencia en el personal de las administraciones públicas de unos 5.000 millones.
Por otro lado, reclaman un plan de gestión activa de patrimonio público y privatizaciones que implicaría una caída de la deuda de al menos 35.000 millones, así como acelerar la ejecución y el cumplimiento de las medidas de reestructuración de la administración pública y el sector público empresarial.
Finalmente, apuestan por una implantación más acelerada de la reforma del sistema de pensiones y una reestructuración del dimensionamiento actual de las administraciones públicas, favoreciendo la simplicidad, homogeneización, eficiencia y transparencia en la gestión.