El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado que las entidades nacionalizadas y las que reciban dinero público transferirán sus activos dañados del ladrillo al 'banco malo' a un precio "ligado al valor real".
En su comparencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, De Guindos resaltó que "el precio de transferencia estará ligado al precio económico real de los activos, mediante una revisión minuciosa de la calidad".
En su discurso para desgranar la última reforma financiera y la prueba de esfuerzo de Oliver Wyman, el ministro especificó además que "habrá umbrales mínimos por debajo de los cuales no se transferirán activos para evitar que el manejo del 'banco malo' sea imposible".
Guindos sostuvo que de esta forma se asegurará la rentabilidad de la sociedad de gestión de activos (SGA), conocida como banco malo, y la incorporación a ésta de inversores privados con una participación mayoritaria de al menos el 55%.
EN PLENO FUNCIONAMIENTO EN DICIEMBRE
Según adelantó, en las siguientes semanas se adoptará la legislación precisa para garantizar que el 'banco malo' está en pleno funcionamiento en diciembre, y en los próximos días se publicará información sobre la constitución, el perímetro, el precio de activos y el plan de negocio.
De Guindos aseveró que el 'banco malo' permitirá limpiar los balances bancarios de los problemas del ladrillo, porque comprará activos promotores y adjudicados, así como "otro tipo de activos", una vez superado determinado nivel de deterioro.
FONDOS ESPECIALIZADOS
Los activos inmobiliarios problemáticos se incluirán en una sociedad gestora independiente, que a su vez podrá segregarlos y constituir fondos especializados para atraer inversores al garantizar una gestión más profesional y eficiente.
Las nacionalizadas transferirán sus activos dañados del ladrillo desde el 1 de diciembre y posteriormente lo harán todas las entidades que finalmente reciban ayudas públicas para sanearse y cubrir las necesidades de capital identificadas por Oliver Wyman, inferiores a los 60.000 millones de euros.