La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha asegurado que el Gobierno tiene preparado un "plan" en caso de que la sentencia resulte finalmente favorable a los compradores de vivienda, una vez que el Tribunal Supremo anuncie su decisión definitiva tras dos días deliberando sobre quién pagará impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) .
Montero ha explicado que, una vez que se conozca la decisión, el objetivo es coordinar las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras, y que se haga "compatible" en la medida de lo posible que la reclamación de los afectados coincida con la reclamación a las entidades financieras para que ese "déficit" no lo tengan que soportar las cuentas públicas.
Según Montero, el impacto en las arcas públicas en el espacio que iría desde que los afectados reclamen a las comunidades el impuesto y la Administración haga lo propio a la banca --en el que el Estado se encargaría de abonar temporalmente las cantidades-- sería de en torno a "cuatro o cinco décimas" de PIB, y por tanto podría poner en riesgo la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) en el que lleva inmersa desde 2009 y del que se prevé que salga este año al situar su déficit por debajo del 3% del PIB.