Las fuentes señalan que, pese a ello, aún quedan algunos flecos por cerrar, ya que la empresa ha decidido no retirar la rebaja salarial del 10% aplicada desde el pasado 1 de diciembre a los empleados, un recorte que los sindicatos consideran "muy injusto" y que siguen intentando que se retire o por lo menos se suavice.
En este sentido, apuntan además que, como consecuencia de esta bajada salarial, alrededor de 100 trabajadores de IBM S.A. se han acogido a su derecho de rescindir su contrato con la empresa, cifra que se acerca los 137 despidos previstos en el ERE.
Otro de los compromisos de la empresa es la retirada de la inaplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que le obligaba a aplicar el plan de pensiones a todos los trabajadores, algo que aún no ha realizado.
Los sindicatos han ofrecido en este aspecto a la empresa un cambio de sistema de prestación a aportación, lo que permitiría ahorrar "bastante dinero". "Consideramos que si los costes se reducen en el sistema de las pensiones no tiene ningún sentido ni es justo mantener la bajada salarial", añaden las fuentes.
El comité tiene previsto presentar la próxima semana el preacuerdo en una asamblea para que los empleados lo validen, una vez tengan el texto completo con las condiciones por escrito y haya sido revisado por los asesores y los abogados de los representantes de los trabajadores.
Fuentes de la empresa confirmaron a Europa Press la existencia de este preacuerdo e indicaron que, si finalmente se cierra en estos términos, será "beneficioso" para los empleados y se cumplirá el objetivo de garantizar la competitividad de la compañía.
IBM España inició el pasado otoño un ERE que incluía el despido de 137 trabajadores, lo que supone el 10% de su plantilla en el país, y un rebaja del salario fijo del resto de los empleados de alrededor de un 12%.
La empresa esgrimió causas "productivas, técnicas y económicas" ante la caída de ingresos en la filial española del grupo tecnológico que no permite compensar los costes, pero los representantes sindicales consideraron que esta medida era un "subterfugio" para no acatar una sentencia del Supremo que les obligaba a pagar 20 años de planes de pensiones no retribuidos.