Una de las medidas estrella de esta nueva ley es que obligará a todas las empresas de interés público, incluidas las cotizadas del MAB, a tener un comité de auditoría para que supervise toda la información financiera remitida por el auditor.
Asimismo, Romero-Haupold considera que la puesta en marcha de esta ley reforzará la confianza creciente que los inversores tienen en el MAB, aunque afirma que "llega tarde", debido al enorme impacto que la crisis de Gowex tuvo sobre este mercado el año pasado.
En cuanto al papel del regulador, destaca la "mayor responsabilidad" que tendrá la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante posibles casos de fraude o falseamiento de cuentas, ya que desempeñará una "función supervisora total" del trabajo de los comités de auditoría, una labor que llevará a cabo junto al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).
Romero-Haupold, que representa los intereses de las empresas cotizadas de este mercado, se reunirá el próximo 18 de febrero con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, para proponer otras medidas de impulso del MAB, para incentivar a los inversores y convertirlo en un mercado más transparente y controlado.