Así lo han señalado los inspectores durante el XXIV Congreso de la organización, donde el presidente, Ransés Pérez Boga, ha reconocido que se trata de una propuesta difícil de implementar y que posiblemente no verá nunca la luz.
Según los inspectores, esta medida supondría dar un paso adelante en el estándar de transparencia y mejoraría un clima de conocimiento mutuo que generaría mayor conciencia cívica tributaria.
"Evitaría tentaciones de defraudar o no declarar correctamente", señala el documento que han presentado los inspectores durante el congreso, que incluye 34 propuestas de lucha contra la corrupción y la delincuencia económica.
De hecho, en el documento también se propone llevar a cabo un plan de comprobación de representantes políticos y otro de las personas y entidades que se hayan acogido a la amnistía fiscal, al tiempo que reclaman la inclusión en el Plan de Control Tributario de entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción y delincuencia.
Asimismo, reclaman la creación de la Oficina Antifraude (ONAF) como máximo órgano responsable y coordinador en materia de prevención, investigación y represión de la corrupción, los delitos de blanqueo de capitales y otros económicos. Esta oficina integraría la Fiscalía Anticorrupción y contaría con unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica.