IU e ICV darán un "respaldo insatisfecho" en el Congreso a la recuperación de Patrimonio

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, y la representante de ICV, Nuria Buenaventura, darán un "respaldo con insatisfacción" al decreto del Gobierno que recupera el Impuesto de Patrimonio durante dos años para umbrales individuales superiores a los 700.000 euros, porque aunque "quieren lo más, no van a rechazar lo menos".

En rueda de prensa tras la última Junta de Portavoces de la Cámara Baja antes de la disolución de las Cortes, Llamazares ha indicado que se trata de una "nueva ocurrencia y señuelo" del candidato del PSOE a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y se trata de un tributo sobre los "hiperpatrimonios".

Pero no van a "hacer el juego" al candidato socialista si este pretende aprovechar este debate para postularse como la "izquierda real" en materia fiscal.

Máxime cuando las últimas promesas de Rubalcaba sobre un nuevo tributo sobre las rentas altas y lucha contra el fraude que confirman, a su juicio, las "graves carencias" cometidas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, frente al que el nuevo candidato se está convirtiendo en la "principal oposición".

Asimismo, ha indicado que este decreto se votará en el Pleno del jueves junto al otro que aprobó el Consejo de Ministros, que incluye diversas medidas complementarias en materia de empleo, venta de tabaco y regulación de las actividades secundarias de los policías.

Todas las tiendas de conveniencia podrán vender tabaco a partir de mañana a través de máquinas expendedoras tras la publicación este martes del decreto-ley de medidas complementarias en materia de políticas de empleo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos dos últimos aspectos han suscitado el rechazo del diputado de IU, que ha anticipado que, a la espera de analizar con más profundidad el texto: "Yo por mí votaría en contra", ha incidido.

APOYO A GRECIA.

Por otro lado, Llamazares ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo al pueblo griego ante la actitud "despiadada" del FMI pero también de la Unión Europea.

A su juicio, las presiones y exigencias al Gobierno heleno condenan al país a la "recesión y la crisis social" a través de un "chantaje" que cuestiona la "legitimidad" de las instituciones europeas ante los ciudadanos.