El juicio oral quedó dejó hoy visto para sentencia esta madrugada tras escuchar las conclusiones de la Fiscalía y las defensas.
En la cuarta sesión de la vista, el fiscal volvió a reclamar cuatro años y medio de prisión para el presidente de Telefónica y otros cuatro para su sobrino por considerar "acreditado" que se valieron de información privilegiada en dos operaciones, de las que el mercado sólo tenía "rumores", para comprar títulos de Tabacalera cuando Alierta estaba al frente de esa empresa.
El fiscal Alejandro Luzón aseguró que "todo el diseño de la operación apunta a que Plácer era el testaferro de Alierta" y, por tanto, un "mero instrumento de su tío para obtener un beneficio" final de 309 millones de pesetas (1,86 millones de euros).
En su opinión, ese comportamiento, que trataron de ocultar a través de una "enrevesada" operación "con el sello de Alierta", supuso un grave perjuicio para los intereses generales porque dañaron la credibilidad del mercado, sobre todo si se tiene en cuenta el cargo que ocupaba el acusado.
Por ello, el fiscal pide que el tribunal les aplique a los dos acusados el subtipo agravado del delito de uso de información privilegiada.
En cambio, la defensa de Alierta solicitó que se le absuelva porque, en su opinión, el mercado ya conocía la supuesta información privilegiada que utilizó (la compra de la empresa estadounidense Havatampa y la subida del tabaco rubio), al tiempo que acusó a la Fiscalía de "cambiar los hechos y tergiversarlos".
Además de rechazar que Tabacalera se disparara en la última parte de 1997 por esas dos operaciones, el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo negó que el comportamiento de Alierta y Plácer hubiera podido afectar a los intereses generales, ya que las ganancias obtenidas "en modo alguno pueden tener repercusión en la economía nacional, y menos de carácter grave".
"Supone un sarcasmo doloroso y sin fundamento haber sentado en el banquillo a Alierta y haberle acusado de poner en juego la prosperidad del país", declaró el letrado.
La defensa de Luis Javier Plácer también reprochó al fiscal el haber construido un "castillo de naipes" al asegurar que los acusados causaron un grave daño a los intereses generales.
En opinión del letrado Nicolás González Cuéllar, en este caso no se puede aplicar el subtipo agravado del delito porque no daña los intereses generales, de modo que el delito ha prescrito y no se pueden juzgar los hechos.
De hecho, la sentencia de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas, que reclamaron que se declare prescrito el delito o que se anule el juicio, ya que en su opinión el fiscal no podría ejercer la acción penal al no haber afectados ni perjudicarse el interés general.
Tras escuchar las conclusiones durante ocho horas y media, la presidenta de la Sección 17, Manuela Carmena, confió en emitir la sentencia lo "más rápidamente posible y, sobre todo, que sea justa".
A la espera de los posibles recursos, la sentencia pondrá fin a un proceso que inició a raíz de la querella presentada a finales de 2002 por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE).
El caso Tabacalera ha sufrido numerosos vaivenes, ya que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid decretó en noviembre de 2005 "el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por prescripción" de los delitos, aunque la decisión fue rectificada a mediados de 2007 por el Tribunal Supremo, lo que devolvió la causa a los Juzgados de Instrucción.
Incluso un día antes de que empezara el juicio oral, la única acusación popular, AUGE, se retiró dejando a la Fiscalía Anticorrupción como único acusador.
Durante el juicio, las defensas de Alierta y Plácer presentaron seis peritos y siete testigos que avalaron sus argumentos, en tanto que el fiscal Alejandro Luzón pidió que declarara un perito y tres testigos.
No obstante, la principal declaración correspondió a César Alierta, que aseguró que no compró "ni una acción de Tabacalera ni directa ni indirectamente" en el año 1997, por lo que consideró que no hubo "ninguna utilización de información privilegiada" en beneficio propio.
Además, afirmó que no comentó "con nadie" los movimientos estratégicos llevados a cabo por la empresa tabaquera de la que era presidente, ni dio recomendaciones de inversión a ningún miembro de su familia.
Por su parte, Plácer sostuvo que fue su gestor el que tomó la decisión de adquirir títulos de la empresa sin que mediara ninguna recomendación.