Los grupos políticos han acordado en el Congreso el reparto de los gastos de la hipoteca que incluirá la futura Ley Hipotecaria. El consumidor pagará la tasación del inmueble y el banco tendrá que asumir la escritura, los gastos de gestoría, el arancel notarial y, por supuesto, el impuesto de Actos Jurídicos documentados.
La primera copia del contrato irá también a cargo del banco pero si el cliente solicita una copia, tendrá que pagarla. Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario.
Esta distribución de los gastos de la hipoteca se incluye en el artículo dedicado a las normas de transparencia en la comercialización de las hipotecas, en cuyo borrador se amplía tres días (de siete a diez) el plazo mínimo que se le da el cliente para poder estudiar la documentación facilitada por la entidad financiera, antes de proceder a la firma del contrato.
Asimismo, según este texto, se establece que las entidades financieras ofrezcan en sus páginas web y en sus oficinas los formularios de condiciones sobre sus hipotecas, la garantía de que el procedimiento notarial no supone coste alguno, ni directo ni indirecto, para el cliente, y que este podrá elegir a qué profesional recurrir para este trámite.
Nada sobre los costes de apertura y comisiones
Tras la reunión de la ponencia, el portavoz económico del PSOE, Gonzalo Palacín, ha celebrado que, de esta forma, quede "explícito" el reparto de gastos que debe asumir cada parte en una hipoteca, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y frenar la litigiosidad al respecto.
Asimismo, ha justificado la decisión en atribuir al consumidor los gastos de tasación en que "si la tasación la solicita un consumidor y es libre para elegir al tasador que considera más oportuno, lo tendrá mucho más fácil para ir con su tasación a las entidades pertinentes a solicitar una oferta para un préstamo", ha dicho.
Palacín ha explicado que el reparto se limita a los gastos reconocidos por ley, ya que en el texto no se hace mención alguna a los gastos o comisión por apertura, los cuales el PSOE había abogado por eliminar en la propia ley.
Así, ha señalado que esta comisión "está aprobada por el Banco de España" y que sería la futura autoridad de protección al consumidor la que tendría que pronunciarse al respecto. En todo caso, ha asegurado que su formación presentará una propuesta sobre esta cuestión al abordar las comisiones de cancelación.
Durante la ponencia celebrada este martes, la primera después de la polémica decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y el posterior decreto ley del Gobierno, los grupos también han discutido los artículos referidos al reembolso anticipado y el papel de los notarios.
Sobre esta última cuestión, el portavoz del PP en la ponencia, Miguel Ángel Paniagua, ha celebrado que la mayoría de los grupos apostaran por mantener el papel otorgado en el proyecto de ley a los notarios, encargados de velar por la transparencia material de los contratos, y que no se haya cambiado la "presunción de veracidad" planteada.
Ambas cuestiones quedarán así prácticamente sin cambios, así como las ventas vinculadas, pese a que en este último artículo queda aún pendiente por cerrar para la siguiente reunión, prevista para la próxima semana.
En este encuentro también se espera resolver el vencimiento anticipado, última gran cuestión a resolver, junto con la posibilidad de impulsar un código sancionador que endurezca los castigos y así disuadir posibles malas prácticas, como propone Unidos Podemos.