La ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, ha llegado este viernes al juzgado de lo Social número 4 de Alicante, que decidirá si la decisión de los administradores del FROB de despedirla es conforme a ley, después de que la propia ex directiva iniciara los trámites legales para recurrirlo. Los gestores del FROB concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas". La ex directiva reclama 10 millones de euros en concepto de lucro cesante y el doble de indemnización que le correspondería.