Según un documento al que tuvo acceso el periódico luso 'Diario Economico', únicamente están exentos de esta autorización los gastos de personal, las costas judiciales y los gastos derivados de los contratos en curso cuyo importe no se pudo determinar cuando fue realizado.
Gaspar afirma que la decisión del TC plantea "serias dificultades" para cumplir con los objetivos acordados, por lo que asegura que es necesario adoptar medidas que mejoren el control de la ejecución presupuestaria y, por tanto, que limiten los gastos de las administraciones públicos, así como la adecuación de los presupuestos a esta "nueva realidad".
La orden de "no asumir nuevos compromisos" sin autorización entró en vigor el pasado lunes 8 de abril y concluirá una vez que el Consejo de Ministros determine los nuevos límites de gasto para cada ministerio "en el ámbito de cada uno de los programas presupuestarios".
De esta manera, el diario señala que parece evidente que el Gobierno decidirá en los próximos días nuevos techos de gasto para cada ministerio para incluir el recorte de 1.320 millones de euros necesario para cumplir el objetivo de déficit del 5,5% para 2013, al que equivalían las medidas anuladas por el TC.