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El debate sobre el futuro de las pensiones en nuestro país viene de lejos y no parece que, visto el ritmo con el que los sucesivos gobiernos acometen la materia, se vaya a cerrar pronto. Los mensajes sobre los problemas de sostenibilidad del actual sistema público de pensiones se escuchan a todas horas, con algunos argumentos más catastrofistas que señalan que desaparecerán en el futuro; y otros que intentan huir del alarmismo y aseguran que seguirán siendo viables.
En medio del ruido político sobre este asunto, uno de los que más recursos consume del presupuesto público y de los que más interesan y afectan de forma directa a los ciudadanos, en este artículo ponemos números a la realidad financiera de la Seguridad Social de nuestro país; y analizamos cuáles son las posibles soluciones a la evolución del sistema público de pensiones y cómo podrían ser éstas en el futuro con el experto en la materia Diego Valero, fundador de la consultora de pensiones Novaster, profesor del centro de formación financiera Escuela FEF y director académico del Global Pensions Programme de la London School of Economics.
La Seguridad Social paga ya en pensiones casi 10.000 millones de euros al mes. Según la información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 1 de diciembre de 2020 (último dato publicado) el desembolso ha sido de 9.985 millones de euros en pensiones contributivas, importe máximo histórico hasta ahora y que supone un crecimiento sobre el mismo mes de 2019 del +2,31%; un pago para abonar cerca ya de 10 millones de pensiones contributivas (9.809.019 pensiones).
Más de dos tercios de esa cantidad total de 9.985 millones, es decir 7.168 millones de euros, se destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía supuso un crecimiento del +2,95% respecto a doce meses antes.
El resto de pensiones son las de viudedad, cuya nómina el pasado mes fue de 1.716 millones de euros (+1,44% respecto a un año antes); las prestaciones por incapacidad permanente, cuyo pago fue de 934 millones de euros (-0,68% en relación al mismo mes de 2019); las de orfandad, a las que se destinaron 138 millones (+1,13% en comparación al mismo mes del año anterior); y las prestaciones en favor de familiares, que fueron de 25 millones de euros (+2,35% en relación al mismo mes de 2019).
De los 9.809.019 de pensiones contributivas abonadas a 1 de diciembre (+0,08% respecto a un año antes), 6.125.792 fueron de jubilación; 2.352.738 de viudedad; 948.917 de incapacidad permanente; 338.540 de orfandad y 43.032 en favor de familiares.
La pensión media en España ascendió ese mes a 1.017,97 euros, lo que supone un incremento del +2,23% respecto al mismo mes del año anterior; mientras que la media de las pensiones de jubilación se situó en 1.170,26 euros, que representa una subida del 2,34% en relación al mismo mes de 2019. Pero hay dos datos muy importantes: la cuantía media de las nuevas altas de pensiones de jubilación en noviembre (última fecha disponible), crecieron un +6,17% respecto a las nuevas pensiones de jubilación en el mismo mes de 2019, elevándose hasta 1.371,62 euros de media. Y la media de las nuevas jubilaciones en el Régimen General de la Seguridad Social (el más numeroso) se situó en 1.484,21 euros. Es decir, los nuevos perceptores que acceden a la jubilación cobran actualmente pensiones más altas. Una consecuencia lógica del progreso económico de España en las últimas décadas, y del consecuente aumento de los salarios y las cotizaciones de los trabajadores y empresas a la Seguridad Social.
Y hay más datos que indican que la tendencia en el importe de las pensiones es a seguir creciendo. Valero destaca que hace 20 años los trabajadores que cotizaban en las bases máximas para cobrar las pensiones más elevadas eran apenas el 3%-4%. Hoy son aproximadamente el 20% de quienes acceden a la jubilación.
Es decir, cada vez hay un mayor número de pensionistas y jubilados; que cada vez cobran una pensión más alta por la mejora de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones; y, además, esos pensionistas cobran durante un mayor número de años por el aumento de la esperanza de vida. En este sentido, Valero indica que cada década la esperanza de vida está aumentando tres años.
Hoy la Seguridad Social es deficitaria, es decir, tiene menos ingresos por cotizaciones de trabajadores y empresas, que gastos: pagos de las pensiones; pero también costes de administración; pagos de prestaciones no contributivas y prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos; bonificaciones a la contratación que reducen las cotizaciones; y las llamadas lagunas de cotización por maternidad y paternidad.
El déficit de la Seguridad Social se había situado en unos 16.800 millones de euros anuales (16.834 millones en 2018 y 16.793 millones en 2019). Pero en 2020 las previsiones han saltado por los aires debido a la crisis del Covid y el déficit habrá alcanzado cotas históricas. El propio Gobierno prevé que se haya situado en más de 45.000 millones de euros (casi el triple que en los anteriores ejercicios). Y en 2021 superará los 36.000 millones (más del doble de los últimos ejercicios previos a la crisis).
Todos los gastos que no son destinados al abono de las pensiones han recibido el nombre de gastos impropios. Y si no se tuviesen en cuenta, la Seguridad Social hubiera estado más o menos en equilibrio presupuestario los años anteriores a la crisis del Covid, explica Valero. Que no significa, no obstante, que tuviera garantizada su sostenibilidad. Ésta se mide con el denominado equilibrio actuarial, que tiene en cuenta que el equilibrio entre pagos e ingresos se mantenga en el tiempo, y que “con la situación actual es insostenible”, sostiene Valero.
¿Y qué fue de la famosa hucha de las pensiones? El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (popularmente conocido como hucha de las pensiones) fue impulsado en el año 2000 por el Ejecutivo entonces liderado por José María Aznar, y consensuado entre las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo. Un Fondo al que se destinarían los excedentes de ingresos para ayudar a la viabilidad futura del sistema. Y del cual se podrían retirar importes en épocas de crisis en las que la Seguridad Social no pudiera hacer frente a todos sus pagos.
Ese Fondo de Reserva llegó a acumular 66.800 millones de euros en el año 2011, pero la crisis económica lo fue reduciendo hasta dejarlo sin capacidad. Se ha convertido en algo testimonial. Apenas 2.153 millones de euros a diciembre de 2019 (último dato publicado). Y no se ha llegado a liquidar del todo porque en las últimas ocasiones en las que la Seguridad Social no podía acometer sus pagos (las pagas extra de las pensiones de verano y Navidad), se ha inyectado financiación vía crédito del Tesoro Público incluido en los Presupuestos Generales del Estado (13.800 millones de euros en 2020) en lugar de acudir al Fondo de Reserva, que ya no tenía la cantidad suficiente para acometer esas necesidades extra.
En suma, teniendo en cuenta el deterioro de ingresos y el aumento de gastos por la crisis provocada por la pandemia, en 2020 la Seguridad Social ha recibido cuatro préstamos del Estado por un valor total de 51.000 millones.
En la reforma acometida en 2011 por el Gobierno Rajoy, se introdujeron esencialmente dos medidas de calado para corregir esa tendencia deficitaria de la Seguridad Social que podría poner en riesgo las actuales pensiones en el futuro.
Por un lado, el aumento progresivo de la edad de jubilación, desde los 65 años de entonces a los 67 en el año 2027. Este año 2021 la edad de acceso a la jubilación se ha situado ya en 66 años
Por otro lado, el aumento, también progresivo, del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones. Es decir, los años que se tienen en cuenta las cotizaciones del trabajador para establecer el importe de su pensión cuando se jubila. En aquel momento se tenían en cuenta los últimos 15 años cotizados. Y se estableció elevarlo de forma paulatina cada año hasta alcanzar los 25 años en 2022. Este año 2021 ya se tienen en cuenta los últimos 24 años cotizados para quienes acceden a la jubilación y comienzan a percibir su pensión.
Esta última medida busca en el fondo una reducción del importe de las pensiones. Porque, normalmente, un trabajador ha ido elevando sus cotizaciones a medida que ha ido avanzando en su trayectoria profesional y las cotizaciones más altas se suelen concentrar en los últimos años. De tal forma que cuantos menos años se tienen en cuenta, normalmente más elevado es el importe de la pensión. Y cuando se aumenta el periodo de cómputo se reduce la media de las pensiones.
Medidas, en ambos casos, que se aplican a los nuevos jubilados, nunca con carácter retroactivo a quienes ya cobran sus pensiones.
Mejorar las cuentas de la Seguridad Social para apuntalar el futuro de las pensiones solo tiene dos vías, como en cualquier economía familiar: aumentar los ingresos y reducir los gastos. Valero indica que un incremento de las bases de cotización no es contemplado porque penaliza la creación de empleo.
Los ingresos por cotizaciones también aumentan en fases de crecimiento económico, al elevarse el número de cotizantes. Pero aunque se supere la actual crisis y se entre en una etapa de crecimiento y creación de empleo, no se compensan las nuevas necesidades del sistema de pensiones por el mayor número de jubilados y la subida de las nuevas pensiones medias. El envejecimiento de la población es una tendencia imparable que no se arreglará sólo por esta vía. Y además hay que tener en cuenta que en economía siempre hay ciclos y se producirán nuevas crisis en el futuro.
Así que, por la parte del aumento de ingresos solo queda una baza. Valero cree que aunque finalmente el Gobierno no lo haya incluido en el plan enviado a Bruselas, se terminará incrementando el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones a 35 años, como se había contemplado en un primer momento. Una media que en el fondo, como ya se ha explicado anteriormente, lo que provocará es una reducción del importe medio de las futuras pensiones.
Por otra parte, están las posibles medidas encaminadas a reducir los gastos. Valero señala que se está hablando ya de endurecer las condiciones de acceso a la prejubilación para que la edad real de retiro se aproxime cada vez más a la edad legal. Lo que se traduce en trabajar más años.
Algunos países europeos como Holanda, Dinamarca, Portugal y Reino Unido, han establecido fórmulas que contemplan el reajuste automático de la edad de jubilación a medida que crece la esperanza de vida. Algo que evita la contienda política a la hora de tomar esas decisiones por parte de los gobiernos y que tienen en cuenta el largo plazo. Algo que también se traduce en trabajar más años porque la esperanza de vida no deja de aumentar y lo seguirá haciendo por el avance de la ciencia.
Y es que la medida de mayor impacto en las cuentas de la Seguridad Social a largo plazo es el retraso de la edad legal de jubilación. Cada año que se alarga la vida laboral se ahorra alrededor del 1% del PIB de gasto en pensiones (unos 10.000 millones de euros). Algo que probablemente se adoptará en España de una u otra forma, como el resto de países europeos, y que hará que probablemente se alargue más allá de los 67 años ya contemplados para el año 2027.
El resumen puede ser, sencillamente, que de una u otra forma, y antes o después, gobierne quien gobierne, trabajaremos más años y cobraremos menores pensiones que las actuales.