El paro incluye un cese de comercialización de granos y ganado vacuno en pie durante siete días, cuyos efectos podrían sentirse en los mercados y puertos a partir del lunes.
De momento, la protesta agraria, la séptima desde que se inició el conflicto en marzo de 2008 y la segunda en lo que va de este año, se hace sentir en las carreteras, donde los agricultores realizan piquetes a la vera de la ruta y bloqueos, algunos totales, pero en la mayoría de los casos intermitentes, en unos 70 puntos del país.
En algunos, los manifestantes controlan el transporte de carga para no dejar pasar cereales ni ganado.
Los dirigentes agropecuarios aseguran que no alientan los cortes de ruta que llevan adelante las bases del sector, a quienes pidieron "no molestar a la gente que circula", pero sí que les expliquen las razones de la protesta.
"Me parece que hay un derecho, le pedimos a los productores estar en las rutas, entregar volantes. Los cortes son intermitentes y muy cortos. No debemos alentar que se moleste a la gente que anda por las rutas", dijo el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.
En declaraciones radiales, Buzzi justificó el malestar entre los campesinos al señalar que el Gobierno "estrangula hasta la asfixia a los productores" al negarse a una baja en la presión impositiva sobre el sector, afectado por una severa sequía, un aumento en los costos de producción y una bajada en los precios internacionales de los granos.
La nueva huelga comercial fue lanzada ayer por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, que aglutinan a unos 290.000 productores.
El malestar en el campo se reavivó este jueves luego de que el oficialismo se negara a dar quórum en el Parlamento para debatir un proyecto presentado por la oposición para bajar los impuestos a las exportaciones de granos.
La irritación de las patronales rurales creció cuando ese mismo día la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que girará a las provincias y municipios el 30 por ciento de lo que recaude por el impuesto a las exportaciones de soja, el principal cultivo del país.
El derecho a las ventas externas de soja es del 35 por ciento y el Ejecutivo se niega a bajarlo para no afectar las cuentas públicas.
Las organizaciones del campo consideran "confiscatorio" a ese tributo y a los que pesan sobre las exportaciones de girasol (32 por ciento), trigo (23 por ciento) y maíz (20 por ciento).
El Gobierno criticó la nueva huelga comercial y dijo que es una "burla" a los acuerdos alcanzados en las últimas semanas para conceder mejoras para la producción de ganado y trigo y para las economías regionales.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, dijo que los dirigentes agropecuarios están dispuestos a retomar el diálogo sin son convocados para ello, pero mientras tanto insistirán en que se dé en el Parlamento un debate sobre los derechos de exportación de granos.
El conflicto con las patronales rurales estalló el 11 de marzo de 2008, cuando el Ejecutivo impuso un esquema de impuestos variables a las ventas de granos al exterior que fue rechazado por el Parlamento, tras lo cual las alícuotas volvieron a ser fijas.
Por esta situación, Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, sufrió el año pasado millonarias pérdidas por las huelgas agropecuarias y los bloqueos de rutas que llevaron a cabo los productores rurales.